Misión ONU: En Venezuela se siguen cometiendo violaciones de DDHH

Marta Valiñas, presidenta de la misión ONU en Venezuela ratifica en el último informe presentado por esta comisión que en Venezuela sigue la violación sistemática de los derechos humanos a la sociedad civil.

Este es el cuarto informe que la Misión presenta desde que fue establecida en 2019. El informe acompañado de dos documentos que contienen las conclusiones detalladas de la misión de dos temas que merecían un análisis más profundo según la práctica de años anteriores, indica Valiñas.

En primer lugar, la misión investigó los distintos mecanismos de represión aplicados por los cuerpos de seguridad, asimismo sobre la represión de los ataques al espacio cívico y democrático en el país. En segundo lugar, la Misión expandió su investigación sobre las estructuras del Estado involucradas en la violación de Derechos Humanos enfocándose en una nueva dirección de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

La misión llevó a cabo 256 entrevistas de forma remota y debido al miedo a las represalias que podrían tener sus declaraciones, solicitaron permanecer anónimas.

En el primer informe en 2020 la misión concluyó que tenía motivos razonables para creer que las autoridades venezolanas eran responsables de graves violaciones de derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad como parte de una política de Estado para oprimir a las personas opositoras.

A efecto de este último informe la misión investigó 43 nuevos casos relacionados con las violaciones de derechos humanos. Estos casos afectaron a 72 víctimas individuales de las cuales 47 son hombres y 25 mujeres incluidas una mujer transexual. Cada caso incluye múltiples violaciones de Derechos Humanos.

“Desde el primero de enero de 2020 y agosto de 2023, 58 detenciones arbitrarias cometidas durante este tiempo. Estos casos incluyen a lideres sindicales, defensores de Derechos Humanos, miembros de ONG, periodistas, miembros de partidos de oposición y otras personas que expresaron críticas contra el gobierno”.

Se investigaron nueve muertes para determinar si constituyen privaciones arbitrarias de la vida, de las cuales tres fueron muertes relacionadas con protestas, dos de periodistas, dos de activistas de la sociedad civil y en dos de los casos las muertes se produjeron durante la detención. La Misión concluyó que cinco de esas muertes fueron “privaciones arbitrarias de la vida atribuibles a las autoridades estatales”.

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