Inicia estado de emergencia de 30 días en Lima por la delincuencia

La capital de Perú inició el martes un estado de emergencia por 30 días con mínima presencia de militares y policías en las calles.

La medida se da debido a una ola delincuencial que ha impulsado los asesinatos y extorsiones en medio de una crisis política donde algunos legisladores exigen la renuncia del ministro del Interior.

“No existe Estado, estamos abandonados a nuestra suerte”, dijo a The Associated Press Pedro Quispe, de 48 años de edad, antes de subir temprano a un bus que lo iba a llevar desde la periferia norte de la ciudad hasta un taller de costura cerca del centro de Lima donde, dijo, “la delincuencia es pan de cada día”.

“Subes a un bus y pueden dispararte, bajas de un bus y te pueden robar, trabajas y te pueden extorsionar y matar”, señaló.

La víspera el conductor de un bus fue asesinado a tiros frente a los pasajeros. También fueron ejecutados a tiros un reciclador, una mujer que trabajaba en un paradero de minibuses, un hombre que barría fuera de su casa y otro que conducía su auto.

Todos en la periferia de Lima, según reportes de las autoridades.

El gobierno decretó la víspera una emergencia que recortó derechos constitucionales en la capital. Las fuerzas de seguridad pueden ingresar a cualquier casa y detener a los ciudadanos dentro o fuera de sus domicilios sin orden judicial.

Los peruanos tampoco pueden reunirse o transitar de forma libre.

La reacción del gobierno llegó luego que el lunes se presentaron tres pedidos para censurar al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, por no tener “planes estratégicos” para combatir la criminalidad.

La respuesta del gobierno y el Parlamento fue gatillada por el asesinato el domingo de Paul Flores, cantante del popular grupo de cumbia local Armonía 10, un género musical preferido por millones de peruanos.

El martes, ciudadanos en las calles, así como alcaldes de zonas de Lima golpeadas por la delincuencia y expertos expresaron dudas sobre la efectividad del régimen excepcional.

Jesús Maldonado, alcalde de San Juan de Lurigancho —el distrito más populoso de Lima—, dijo a la prensa local que “las extorsiones y el sicariato no se solucionan con policías en las calles, sino con policías de investigaciones, pero esta policía especializada está quebrada y no se puede hacer nada”.

Jorge Zapata, presidente de la poderosa Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, indicó a la radio local RPP que los pequeños comerciantes en Lima pierden más de 137.000 dólares diarios por la delincuencia, citando un estudio de la consultora Videnza, realizado tras entrevistar a 1.442 negocios capitalinos a fines de 2024.

Boluarte y la pena de muerte

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, volvió a hablar sobre la posibilidad de instaurar la pena de muerte en Perú para enfrentar la grave situación de inseguridad que vive el país, reseñó CNN en Español.

Las declaraciones de Boluarte se producen luego de que mataran a tiros a Paul Hambert Flores García, cantante del grupo de cumbia Armonía 10.

Las autoridades no han informado sobre el avance de las investigaciones.

“A estos malditos asesinos, les digo que estoy pensando seriamente en la pena de muerte” dijo Boluarte en el evento de inicio del año escolar 2025.

La primera vez que la presidenta habló de la pena de muerte fue en diciembre 2024 tras el asesinato de una niña.

La pena de muerte está prevista en la Constitución peruana solo para los delitos de traición a la patria en caso de guerra y terrorismo, con lo cual, si se quiere ampliar hacia otro delito, se necesitaría una reforma de la Constitución y del Código Penal.

Para poder avanzar en esa reforma, además, Perú tendría que desvincularse del Pacto de San José, que establece límites a la aplicación de esa pena.

Además, la mandataria necesitaría conseguir los votos necesarios de los legisladores, que no ha podido obtener para algunas de sus iniciativas debido a que no cuenta con una bancada propia en el legislativo.

Tras las declaraciones de Boluarte, el Consejo de Ministros declaró el estado de emergencia en las provincias de Lima y Callao, autorizando el despliegue de las Fuerzas Armadas para apoyar a la Policía Nacional.