Gobierno de EEUU comienza a notificar fin de “parole” a migrantes beneficiarios

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) comenzó a notificar a miles de inmigrantes de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela sobre la revocación de sus permisos temporales de residencia y trabajo en Estados Unidos, bajo un programa de parole humanitario que había sido implementado durante la administración de Joe Biden.
La medida, anunciada por el gobierno de Donald Trump el 21 de marzo, afecta a unos 530 mil inmigrantes que habían obtenido permisos temporales desde 2022 para vivir y trabajar legalmente en el país.
El documento, que fue filtrado por periodistas como Jennie Taer del New York Post, señala que los inmigrantes deben abandonar el país antes de la fecha de expiración de su parole, el próximo 24 de abril, o enfrentarse a la posibilidad de ser detenidos y deportados.
El DHS emitió una declaración en la que acusa a la administración anterior de permitir la entrada de más de medio millón de personas sin una investigación adecuada, lo que, según el gobierno de Trump, perjudicó a los trabajadores estadounidenses y comprometió la seguridad pública.
La revocación del parole, según el vocero del DHS, representa un retorno a las políticas de “EEUU Primero”.
El programa de parole humanitario había sido implementado por la administración Biden para promover una migración ordenada, otorgando permisos de trabajo temporales por dos años, con la posibilidad de cambiar a otros estatus migratorios.
Sin embargo, muchos beneficiarios del programa aún desconocen si lograron cambiar su estatus o si permanecerán legalmente en el país una vez que sus permisos expiren.
El DHS advirtió que aquellos que no salgan del país antes de la fecha límite comenzarán a acumular tiempo como inmigrantes ilegales, lo que podría dificultar futuros intentos de ingresar a Estados Unidos.
La revocación del programa generó una fuerte reacción de organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, que presentaron una demanda contra la medida. Según estas organizaciones, la cancelación de los permisos sin una audiencia ante un juez de inmigración viola el debido proceso migratorio.
Angélica Salas, directora ejecutiva de Chirla, expresó que, en lugar de cumplir con su compromiso de dar una oportunidad a los inmigrantes, el gobierno ahora busca expulsarlos sin siquiera permitirles presentar su caso en la corte.
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