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Amnistía Internacional: Colombia y Perú fallan en proteger derechos de venezolanas

El informe de AI concluye que los Estados colombiano y peruano, que juntos albergan más del 50 % de las seis millones de personas que han huido del país petrolero.
martes, 12 julio 2022
Cortesía | Para el organismo, urge que las autoridades de ambos países adopten «medidas inmediatas»

Colombia y Perú, los principales destinos de refugiados y migrantes venezolanos del mundo, están fallando en garantizar y proteger el derecho a una vida libre de violencia y discriminación para las mujeres provenientes del país caribeño, concluye un informe de Amnistía Internacional (AI) difundido este martes.

«En Perú y Colombia sí existen sistemas y normativas que protejan a las mujeres sobrevivientes de violencia basada en género, pero en el caso particular de las mujeres venezolanas no se aplica (…) y al final del día sus derechos están siendo violados», resume Clara del Campo, encargada de campañas de AI para Suramérica.

Bajo el título «Desprotegidas: Violencia de género contra mujeres venezolanas refugiadas en Colombia y Perú», la investigación de AI menciona que, según datos oficiales, la violencia de género contra mujeres venezolanas escaló un 71 % entre 2018 y 2020 en Colombia y un 31 % entre 2019 y 2020 en Perú.

Esto, sin tener en cuenta los altos niveles de subregistro que difuminan la realidad de lo que Naciones Unidas ha calificado como «la pandemia en la sombra» en América Latina, a la que las mujeres migrantes y refugiadas venezolanas están más expuestas.

Según AI, la mayor vulnerabilidad de este grupo ante situaciones de violencia se debe a la perniciosa amalgama que engendran su estatus migratorio, la xenofobia, los roles de género preestablecidos socialmente y los estereotipos de hipersexualización hacia estas mujeres.

El informe de AI concluye que los Estados colombiano y peruano, que juntos albergan más del 50 % de las seis millones de personas que han huido del país petrolero, «claramente no cumplen con su obligación» de garantizar una vida libre de violencia y discriminación a las mujeres venezolanas.

«El problema no es tanto en la ley, en la letra de la norma, sino en la práctica y en la arbitrariedad en la que funcionan las personas funcionarias», reitera Del Campo.

Para el organismo, urge que las autoridades de ambos países adopten «medidas inmediatas» para revertir el panorama actual y asegurar el acceso de estas mujeres a la protección internacional y a la justicia, mejorar la atención y prevención de la violencia basada en género y garantizar una atención en salud integral.

Esta investigación, inédita para AI, se elaboró durante el primer trimestre de 2022 a partir de 63 entrevistas a mujeres refugiadas venezolanas y otras 45 a organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales e instituciones estatales.

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