Acnur y la OIM instan a reforzar la protección a los migrantes venezolanos

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) instaron este jueves a reforzar los mecanismos de protección a los venezolanos que han dejado su país.

Ambos organismos participaron en forma virtual en la apertura de una reunión que celebra en Brasilia el Proceso de Quito, plataforma que reúne a trece países de América Latina que han recibido en los últimos años a millones de venezolanos y que sirve para compartir experiencias de acogida.

El director general de la OIM, Antonio Vitorino, reconoció la respuesta que América Latina ha dado frente a esa crisis migratoria y subrayó la «necesidad imperativa de consolidar las iniciativas de regularización adoptadas por la mayoría de los estados receptores».

Esa regularización, según Vitorino, «permite la tan necesaria integración socio-económica» de los migrantes, pero también debe «ser acompañada de programas de más largo plazo», a fin de «generar una mayor estabilidad» para quienes han sido recibidos.

El titular de Acnur, Filippo Grandi, reiteró que la situación generada por la migración venezolana en América Latina «no tiene precedentes en la región«, que en los últimos años se calcula que ha recibido a cerca de cinco millones de personas procedentes de ese país.

«Alienta ver que los Estados continúan facilitando el acceso a sus territorios, asegurando derechos y también la atención en salud, incluyendo la vacunación contra la covid-19«, destacó.

Sobre el Proceso de Quito, el titular de Acnur consideró que «se ha consolidado como una importante plataforma de cooperación basada en los derechos humanos y la responsabilidad compartida», y señaló a este mecanismo como un «ejemplo clave de la implementación del Pacto Mundial sobre Refugiados«, aprobado por la ONU en 2018.

El Proceso de Quito se creó en 2018 por iniciativa de Ecuador como un espacio de trabajo técnico regional, con el apoyo de Acnur y la OIM, para coordinar la respuesta al reto planteado a la región por los flujos de refugiados y migrantes de Venezuela.

Está constituido por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guyana, México, Paraguay, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay.

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