Analizan desaparición forzada en defensores del medio ambiente
La Universidad Católica Andrés Bello, extensión Guayana (Ucab Guayana), fue sede del foro académico “La Desaparición Forzada: Del panorama local al contexto global”, centrado en el impacto de este flagelo sobre la defensa de la tierra, los recursos naturales y el medio ambiente.
El encuentro contó con la participación de Ana Lorena Delgadillo, integrante del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU, junto a las investigadoras Aiskel Andrade y Marianna Romero.
La apertura del evento estuvo a cargo de Eumelis Moya, coordinadora del Centro de Derechos Humanos de Ucab Guayana, quien subrayó que históricamente la desaparición forzada se ha estudiado bajo el prisma de los conflictos políticos.
Sin embargo, destacó que en la actualidad se observa un patrón diferenciado donde la defensa de la tierra, la sustentabilidad social y la extracción de recursos se han convertido en el centro de agresiones que buscan infundir temor y fragmentar el tejido social organizado en las comunidades.
La perspectiva internacional y el mandato de la ONU
En su intervención, Ana Lorena Delgadillo, abogada mexicana con más de dos décadas de trayectoria en derechos humanos e integrante del Grupo de Trabajo de la ONU desde 2023, explicó el funcionamiento de este mecanismo creado en 1980 por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Delgadillo recordó que el grupo, integrado por cinco expertos independientes que representan distintas regiones del mundo, actúa con un mandato humanitario en países que no han ratificado la Convención Internacional sobre la materia para recibir denuncias y solicitar la búsqueda inmediata de personas desaparecidas.
La experta enfatizó que una desaparición forzada se configura a partir de tres elementos centrales: la privación de libertad contra la voluntad de la persona, la intervención directa o la anuencia o tolerancia de agentes del Estado, y la negativa a reconocer la detención o dar información sobre el paradero.
Asimismo, aclaró que no se requiere un período mínimo de tiempo para que se constituya el delito:
“Cada minuto cuenta; una desaparición forzada puede ocurrir por horas o días y, al no registrarse ni denunciarse formalmente, queda sumida en la impunidad”, advirtió Delgadillo. Ante esta realidad, hizo un llamado a la universidad y a las organizaciones de la región a visibilizar y registrar sistemáticamente los casos de defensores del medio ambiente y del territorio.
La brecha de garantías institucionales
Por su parte, la politóloga, abogada y directora del Centro de Estudios Regionales de la Ucab Guayana, Aiskel Andrade, abordó la problemática desde el derecho constitucional, examinando la brecha entre las normas y la capacidad real de protección en los territorios.
Andrade puntualizó que la Constitución venezolana prohíbe de forma categórica y absoluta la desaparición forzada, incluso durante estados de excepción o emergencia, e impone el deber explícito de desobedecer órdenes dirigidas a cometerla.
No obstante, la especialista enfatizó que la prohibición formal resulta insuficiente sin garantías institucionales efectivas, tales como controles sobre los cuerpos de seguridad, registros transparentes de detención y acceso efectivo a la justicia.
Al referirse al concepto de “desterritorialización” en las zonas extractivas del sur del estado Bolívar, señaló que la presencia del Estado suele ser selectiva e intensa para resguardar las actividades de extracción económica, pero débil para garantizar los derechos fundamentales de las comunidades indígenas y campesinas, lo que incrementa la vulnerabilidad ante agresiones y desapariciones forzadas.
El rol de la defensa de derechos humanos
Finalmente, Marianna Romero, coordinadora académica del Centro de Derechos Humanos de la Ucab y directora del Centro para los Defensores y la Justicia, centró su ponencia en la protección de quienes defienden la tierra y los recursos naturales.
Romero resaltó que la Declaración sobre los Defensores de Derechos Humanos de la ONU ampara a cualquier ciudadano o líder comunitario que exija pacíficamente el respeto a sus derechos, sin necesidad de pertenecer formalmente a una ONG o contar con una acreditación jurídica.
Romero alertó sobre la normalización del temor en las dinámicas mineras y rurales de la región, donde los delitos no siempre son catalogados bajo los estándares adecuados de violaciones de derechos humanos.
Exhortó a la ciudadanía a perder el miedo a la documentación y a llamar a los hechos por su nombre bajo los estándares del derecho internacional, recordando que la privación de libertad con aquiescencia estatal no debe ser tratada como un delito común, sino como una transgresión a los derechos fundamentales que exige verdad, investigación y reparación.
El foro concluyó reafirmando el compromiso de la Ucab Guayana como un espacio universitario abierto al debate académico, la investigación rigurosa y la reconstrucción del tejido social en la región sur del país.
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