La ONU negocia un protocolo contra delitos ambientales
Este viernes, los Estados parte de la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Untoc) aprobaron el inicio de negociaciones sobre un protocolo contra los delitos ambientales. Esta iniciativa es impulsada por ocho países latinoamericanos que reconocen el papel de los pueblos indígenas en la lucha contra esos crímenes.
En Viena, la resolución recibió un amplio respaldo, con 83 votos a favor, 12 en contra y 27 abstenciones. La Untoc es el único tratado mundial vinculante contra el crimen organizado transnacional.
Brasil, uno de los promotores de la resolución, calificó como “histórica” la decisión y agradeció a la sociedad civil sus llamamientos para reforzar la lucha contra los delitos que afectan al medioambiente.
Con esta decisión se crea un comité especial encargado de elaborar un protocolo adicional a la Convención para combatir el tráfico ilícito de fauna y flora silvestres, incluida la madera, la minería ilegal, el tráfico de minerales y metales preciosos y el de residuos.
La iniciativa fue presentada por Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Perú y Uruguay, junto con Mauritania, la República Democrática del Congo y Santo Tomé y Príncipe.
La decisión abre el proceso negociador, pero no aprueba el contenido del futuro instrumento jurídico.
Por los pueblos indígenas
El texto reconoce la importancia de los pueblos indígenas y las comunidades locales para apoyar los esfuerzos de los Estados contra los delitos ambientales y la corrupción asociada, de acuerdo con las legislaciones nacionales.
Ese reconocimiento sitúa a las poblaciones que habitan muchos de los territorios afectados entre los actores que contribuyen a combatir esas actividades.
La resolución advierte de que los delitos ambientales no dañan solo los ecosistemas: también amenazan la salud pública, la seguridad alimentaria y el desarrollo económico.
El reconocimiento de los pueblos indígenas figura en el preámbulo de la resolución aprobada, que no establece todavía un mecanismo para su participación en las negociaciones, una cuestión que quedará por definir durante el proceso.
Brayan Mojanasinsoy, portavoz del pueblo indígena inga del Putumayo, en el sur de Colombia, destacó en declaraciones a EFE que los pueblos indígenas son los que sufren sobre el terreno las consecuencias de estos delitos.
“Estamos en los territorios, donde enfrentamos de forma cotidiana las economías ilícitas y el crimen organizado: con nuestros guardias, sistemas de monitoreo y conocimiento ancestral”, dijo.
La Untoc cuenta actualmente con tres protocolos específicos, dedicados a la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes y las armas de fuego.
Con lo aprobado en Viena se abre la vía para añadir otro protocolo centrado en las redes criminales que explotan y trafican con los recursos naturales.
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