Denuncian “desalojo arbitrario” en Villa Betania

Tras el fallecimiento de su esposo, en noviembre de este año, Mairis Figuera fue “desalojada de su vivienda por los hijos del difunto”, alega.

Figuera residía en el sector de Villa Betania, con su esposo Hermógenes Rafael Martínez, desde hace 11 años.

“Fue una casa que construimos juntos entre el 2009 y 2010, era nuestra casa”, explica Figuera.

El 17 de noviembre de 2021, Martínez falleció a causa de covid-19. Mientras Figuera realizaba las acciones correspondientes a su entierro, los hijos del fallecido “ya estaban buscando la manera de sacarme”.

El 19 de noviembre, Figuera estaba en su domicilio cuando los descendientes “ingresaron a la vivienda y me sacaron a la fuerza, me golpearon, me maltrataron y me empujaron”, cuenta.

Los hijos de Martínez desempeñan labores en la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

“Me amenazaron de muerte y dijeron que iban a sembrarme droga”, asegura Figuera.

Desde entonces, no ha vuelto a la vivienda que construyó con Martínez.

Intervención del Conas

Mairis Figuera afirma que ella tiene una unión estable de derecho con Hermógenes Martínez.

Luego de su divorcio en 2008 y liquidación de bienes con su exesposa e hijos, Martínez compró el terreno de su actual vivienda en Villa Betania, cuando conoce a Figuera e inician la construcción juntos.

“La casa está a nombre de él, pero esta también es mi casa”, enfatiza.

Señala que todos los papeles de propiedad están a su cargo y resguardo y que sus hijos no “tienen derecho de quitarle la vivienda”.

Figuera añadió que los denunciados le quitaron el carro y el teléfono celular de su esposo fallecido.

He acudido a todos los cuerpos policiales de la ciudad, pero dicen que “no pueden ayudarme porque si la fiscalía no emite un oficio no pueden entrar”.

El 19 de noviembre, los individuos “me tenían encerrada dentro de la casa, lastimándome”, cuenta. Los vecinos al saber de la situación se dirigieron al Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) que se encuentra cerca del sector.

“Ellos lograron sacarme, pero me dijeron que no podían intervenir en la situación, no hicieron ningún acta, denuncia o tomaron datos de los agresores”, relata.

“Temo por mi vida”

Ante todo lo ocurrido, Figuera lleva un mes durmiendo en la calle con su hijo de 22 años que es esquizofrénico. Asegura que no tiene más familiares en el país y que algunos vecinos y conocidos le han brindado el apoyo.

Se dirigió hasta la Fiscalía para denunciar el desalojo arbitrario y “me dijeron que ya iban a entrar a vacaciones que regresara el 10 de enero”, ya ha pasado más de un mes.

“La única manera que yo entre de nuevo a mi casa es que la Fiscalía me restablezca, pero lo denuncio porque esto es un abuso de poder y porque temo por mi vida y la de mi hijo”, afirmó.

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