Ciudad

Denuncian amedrentamiento en Villa Upata

Desde hace tres meses iniciaron las amenazas y el acoso a la familia Rodríguez, para obligarlos a desalojar la vivienda.
sábado, 22 agosto 2020
Denuncian amedrentamiento en Villa Upata
Cortesía | Funcionarios de Altos de Caroní llegaron con una orden de allanamiento presuntamente falsa

Lesly Rodríguez, residente de la urbanización Villa Upata, denunció ante PRIMICIA que su familia, desde hace tres meses, es víctima de acoso y amenazas.

En mayo, una asociación civil se encargó de recuperar en el sector dos casas de la Gran Misión Vivienda Venezuela, las cuales estaban abandonadas hace cinco años.

Uno de los inmuebles lo destinaron a la familia Rodríguez. “Desde entonces empezaron las amenazas”, dijo Rodríguez.

Explicó que, al culminar la recuperación, “la asociación civil caduca y el consejo comunal se haría cargo de las decisiones”.

“Las coordinadoras de la asociación civil fueron hasta -la comisaría- Altos de Caroní para denunciar que yo estaba invadiendo”, explicó Rodríguez.

“Los policías llegaron hasta mi casa para sacarme de ahí. Más de 80 personas, vecinos e integrantes del consejo comunal, firmaron a mi favor”.

Agregó que recientemente 12 estadales llegaron con una orden de allanamiento y registro de morada. “El documento estaba sin datos, no tenía ningún nombre”, señaló Rodríguez.

Otra de las vecinas que residía en la segunda casa recuperada, fue presionada por el mismo grupo de personas para abandonarla.

Desalojó hace dos semanas. “Tuvo que mudarse con una vecina porque no tiene dónde vivir”.

Las tres coordinadoras de la asociación civil supuestamente contactaron a un fiscal para que emitiera una orden oficial de desalojo, indicó Rodríguez; sin embargo, “el documento era falso”.

Además, entregaron un documento de propiedad de la vivienda a nombre de otra persona. “En el papel salía otra dirección y nadie sabía de quién hablaban”.

La entrega de la vivienda a la familia Rodríguez la acordó el consejo comunal y los vecinos del sector. “Todos estaban al tanto, no fue una decisión deliberada”.

Lesly Rodríguez pide a las autoridades que atiendan la situación para que acaben las amenazas y el acoso por parte de las coordinadoras de la asociación civil y los policías.

Resaltó que no paran desde hace tres meses. Una vez a la semana van para obligarla a irse, precisó Rodríguez quien tiene dos hijos menores de edad. Los vecinos apoyan a la familia.

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