Asociaciones civiles rechazan invasiones en Villa Upata

Representantes de las asociaciones civiles que conforman los sectores II y III de Villa Upata, UD 327 de Puerto Ordaz, rechazaron y desmintieron la denuncia de Lesly Rodríguez sobre presunto acoso y amedrentamiento en su contra.

Juanita Moreno, coordinadora general de la asociación civil Pequeña Venecia, declaró que, si bien acudieron a la comisaría de Altos de Caroní, desde el organismo policial les informaron que fueran a fiscalía, razón por que la se movilizaron hacia el ente judicial.

Manifestó que todas las actuaciones para exigir el desalojo son legales y están avaladas tanto por el Ministerio Público (MP), así como la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y Catastro.

Esto, luego que la denunciante alegara que el documento de fiscalía “es falso”.

Indicó que los policías solo verificaron que se ejecutara la orden del MP, solicitando el desalojo inmediato de las viviendas: una ubicada en la manzana 7, propiedad de la señora Marcelina y de la casa 11 situada en la calle 6, perteneciente a Maritza Núñez.

Negó amenazas en perjuicio de la familia Rodríguez. Asimismo, señaló que actualmente un aproximado de 350 familias adjudicatarias residen en los cuatro sectores del urbanismo.

Se niega a desalojar

Mencionó que la primera casa la desalojaron sin ningún inconveniente, pero Rodríguez hace caso omiso a la petición del ente judicial, valiéndose de que un familiar pertenece a la asociación Asoluhapro.

“Rechazamos contundentemente las invasiones porque son 21 años de lucha para tener nuestros hogares”, enfatizó Moreno.

A su vez, explicó que en el 2004 que las asociaciones compraron los terrenos a la CVG, pero en el 2008 iniciaron con el urbanismo.

Recordó que las propietarias de las viviendas afectadas llevan años residiendo en la zona, por lo que desmiente que las mismas estén abandonadas.

Por su parte, Aracelis Simoza, perteneciente a la asociación Río Caroní, y Kerlys  Bolivar -residente- avalaron la declaración de Moreno, indicando que “estas parcela están adjudicadas desde hace más de 20 años”.

“No estoy de acuerdo con la invasión de la propiedad de Maritza, es mentira la recuperó la comunidad.  Somos personas pasamos por muchas circunstancias para obtener una vivienda propia”, acotó Bolívar.

Mientras que Simoza agregó que Rodríguez “no pertenece a ninguna asociación, por lo que exijo que desaloje la casa y se le devuelva a su verdadera dueña”.

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