OVP: 184 privados de libertad murieron por enfermedades en 2020

184 personas fallecieron por enfermedades y falta de alimentación dentro de las cárceles venezolanas en 2020, según un informe del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

El informe titulado “Muerte en las cárceles por denegación de alimentos” fue presentado este miércoles en una rueda de prensa a través de la plataforma Zoom.

Carolina Girón, directora de OVP, resaltó que la población reclusa en Venezuela de 2017 a 2020 disminuyó. Sin embargo, se mantiene el hacinamiento en los centros penitenciarios.

Para 2017, la población penitenciaria era de 57.359, con un capacidad instalada de 26.238, mientras que, para 2020 llegó 37.543 reclusos, a pesar de que están habilitadas para solo 21.848 reclusos.

“Hay una condición de urgencia cuando la sobrepoblación es más de 40 %, el hacinamiento es de 171,83 %, todos se encuentran en riesgo crítico”, explicó Girón.

La abogada mencionó que entre 2017 y 2020 se cerraron diez centros penitenciarios por la situación grave de violencia en algunas cárceles.

Esos cierres significan que se perdieron 5.050 plazas y la capacidad instalada pasó de 26.238 a 21.848 cupos.

Sobre la distribución de la población reclusa, la mayor parte se concentra en los estados Guárico y Carabobo.

El Internado Judicial de Carabobo, mejor conocido como Tocuyito, lidera la lista de 14 centros carcelarios con mayor población reclusa, con 5.304 privados de libertad.

El 71,95 % de la población reclusa se concentra solo en 14 centros penitenciarios en el país, con 26.902 privados de libertad en 11.780 plazas para un 228,37 % de hacinamiento en riesgo crítico.

Con 1.493 reclusos en una capacidad instalada para 650, el Internado Judicial de Ciudad Bolívar, comúnmente llamado Cárcel de Vista Hermosa, ocupa el sexto lugar.

Girón acotó que ante el cierre de centros penitenciarios, la mayoría de los reclusos están siendo trasladados a otros centros lejanos a sus jurisdicciones.

“Es urgente que esto sea verificado por las autoridades. Tenemos que decir que el Estado no tiene control de las cárceles, están en manos de presos conocidos como pranes”, añadió.

En 2020, el 94 % de la población reclusa eran hombres y 851 de los privados de libertad eran de origen extranjero.

Girón resaltó que las mujeres representan un 6 % de la población penitenciaria y existe una sola cárcel para ellas, la cual es el Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof), ubicado en Los Teques.

“Los otros centros son anexos femeninos que no cuentan con las condiciones para albergar mujeres”, apuntó.

La defensora de derechos humanos señaló que solo el 37 % de la población reclusa en 2020 cuenta con sentencia condenatoria, el resto siguen siendo procesados, por lo cual se presenta un “retardo criminal”.

“Hay una inversión de la pirámide procesal, hay presos sin tener una condena. El poder judicial estuvo paralizado un año por eso el 100 % de retardo procesal en 2020”, agregó.

Desnutrición

La directora de OVP resaltó que en 2020 hubo 184 reclusos muertos por enfermedades, 63,01 % del total de fallecidos en ese año.

Las principales enfermedades son desnutrición y tuberculosis. La mayor cantidad de decesos se registraron en Carabobo, Lara, Miranda y Guárico.

“Una enfermedad como la tuberculosis en una persona con desnutrición lo lleva a la muerte. Esa cifra nos tiene alarmados, se supone que nadie debe morir en una cárcel porque está bajo la custodia de Estado venezolano”, declaró.

Girón relató que los familiares eran quienes alimentaban a los privados de libertad, por eso en 2020 ante el confinamiento por la pandemia de la covid-19, las cifras de desnutrición empezaron a incrementarse por la prohibición de visitas a los centros penitenciarios.

Lamentó que no hubo programas de atención para la población penitenciaria, por lo cual la responsabilidad y cargas seguían sobre los familiares sin medios alternativos para cumplirlo.

La abogada reveló que recibieron solicitudes de familiares de reclusos que no sabían cómo estaban al no poder visitarlos ni tener acceso a medios para comunicarse.

“Fue una situación desesperante, vimos una cantidad de protestas por hambre, luego se desataron los hechos violentos”, contó. Resaltó que la desnutrición es una condición subyacente por la que cualquier enfermedad puede complicarse.

Girón mencionó que la tuberculosis es una enfermedad típica del hacinamiento y fue erradicada hace mucho tiempo.

“Teníamos los tratamientos y para la detección, pero no llega a los centros penitenciarios (…) Con los cuatro meses de confinamiento, aquellos que tenían tratamiento lo perdieron, los casos se incrementaron y si presentan una desnutrición severa, cualquier enfermedad los lleva a la muerte”, dijo.

Según el informe de la OVP, 3.683 personas fueron liberadas bajo el régimen de confianza tutelada. Girón resaltó que ningún órgano administrativo puede ejecutar libertades, solo los tribunales de ejecución.

Explicó que el régimen de confianza tutelada es cuando el recluso cumple los requisitos para mantener una medida alternativa de cumplimiento de pena y es trasladado a otra zona del centro penitenciario para cumplir otro tipo de labores.

La abogada indicó que en 2020 hubo 292 fallecidos y 114 heridos en las prisiones venezolanas. Mientras que en el año 2019 se registraron 104 decesos y 90 reclusos heridos.

En los calabozos o centros de detención preventiva se reportaron 126 muertos por hechos violentos, 59 por enfermedades y 126 heridos.

Entre los calabozos se toman en cuenta las comisarías de policías estadales, municipales, sedes de Cicpc, Sebin, Dgcim y Guardia Nacional Bolivariana.

“En estos centros deben estar un máximo de 72 horas y la mayoría de los reclusos han pasado una larga permanencia, muchos cumpliendo condena.

Es una situación muy grave porque los órganos de seguridad del Estado están cuidando presos”, afirmó.

Sin condiciones

La defensora de derechos humanos manifestó que en el Inof la situación es grave, porque las reclusas son objeto de chantajes para conseguir comida o agua a cambio de sexo.

“Tuvimos el caso de mujeres que se negaron a hacer este intercambio y fallecieron”, declaró la directora de OVP.

En el caso de jóvenes y adolescentes existe una población penitenciaria de más de 3.500, quienes están recluidos en condiciones infrahumanas.

Girón acotó que los jóvenes también sufren de retardo procesal y están recluidos en centros con pésimas condiciones, donde no son atendidos por falta de personal, lo que lleva a que no exista justicia juvenil y estén a la deriva.

Acerca de la población Lgbti en las cárceles venezolanas, la abogada comentó que son personas que están siendo discriminadas. “Muchos ocultan su situación por medidas de protección, no son protegidas por sus pares ni por el Estado”, lamentó.

Añadió que si las personas se manifiestan como Lgbti reciben bullying, son utilizados para actos de abuso sexual o para cumplir labores de aseo. La solución ha sido aislarlas por mucho tiempo, manteniéndolos encerrados sin darle protección.

En los centros bajo medidas provisionales emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) existe una población carcelaria de 19.456 personas en una capacidad instalada para 6.300 reclusos.

Los centros penitenciarios bajo medida con mayor cantidad de reclusos están el Centro Penitenciario de Aragua y el Centro Penitenciario Sargento David Viloria.

Sin cifras de covid-19

Girón reveló que aún desde OVP están sacando las cifras correspondientes al año 2021 y se encuentran observando las acciones de la comisión para la revolución judicial.

Afirmó que el poder judicial sigue emitiendo reiteradas resoluciones para alargar la situación de emergencia y mantenerse cerrados.

Acerca de los casos de covid-19 en las cárceles venezolanas, afirmó que para el gobierno nacional no existenen los centros penitenciarios.

La abogada señaló que el plan de vacunación informado por las autoridades del Estado no se ha llevado a cabo como se tenía planteado y solo pocas dosis de Abdala han sido recibidas por los reclusos.

Contexto regional

En la rueda de prensa, la abogada Tamara Taraciuk, subdirectora de la División de las Américas de Human Rights Watch, compartió sus reflexiones generales y aclaró el contexto regional de la situación carcelaria.

Taraciuk resaltó que el informe de OVP es una fuente valiosa de información sobre un tema que si no fuera por este respaldo, pasaría desapercibido.

La abogada apuntó que la sobrepoblación carcelaria, los altos índices de hacinamiento, la mayoría de los privados de libertad que están sin condena son factores que vulnera garantías de derechos humanos.

Mencionó otros temas preocupantes en Venezuela como el retardo procesal, la falta de independencia judicial en el país, la salud y alimentación en los centros penitenciarios.

Declaró que los índices de mortalidad son muy altos, el problema de alimentación es consistente con los de desnutrición en el país.

“Hay que resaltar que el tema carcelario en Venezuela ha sido un problema por mucho tiempo, hacinamiento, deterioro de infraestructura, falta de personal capacitado. Los pranes son quienes ejercen el control efectivo de las cárceles”, expresó.

Recordó que hay informes de Naciones Unidas que se refieren a la pobre infraestructura carcelaria en Venezuela.

Además, de la sobrepoblación y la falta de distanciamiento que representa un mayor riesgo durante la pandemia de covid-19.

“Esto es un tema evidentemente de responsabilidad estatal. Las autoridades venezolanas son las responsables de lo que ocurre dentro de las cárceles”, dijo.

Contó que las pobres condiciones carcelarias es un problema regional: tres de los cinco países con más alta población carcelaria están en Latinoamérica.

La abogada habló sobre el uso excesivo de la prisión preventiva, que genera las condiciones ideales para que se generen contagios de covid-19 no solo en la población carcelaria sino en la general por el contacto, porque no hay medidas de prevención.

A principios de 2020 hubo protestas en las cárceles en Colombia, Argentina, Perú y Brasil lo que generó un debate de cuál es la mejor respuesta para combatir el coronavirus en la población carcelaria.

Recomendaciones

Taraciuk explicó que existen recomendaciones para promover alternativas a la prisión, que ha creado polémica pero hay una serie de razones para esas opciones.

La subdirectora de la División de las Américas de Human Rights Watch apuntó que debe aplicarse prisión preventiva y alternativas para delitos menores, que no tienen riesgo de fuga.

También para aquellos que representan mayor riesgo para la salud como los adultos mayores, mujeres, embarazadas, personas inmunodeprimidas o con enfermedades crónicas y pulmonares.

“Tratar de priorizar a quienes no necesiten estar detenidos, los que nunca debieron ser procesados y mucho menos presos. Liberar los hacinamientos, acompañar con planes que prevengan y respondan a los casos de covid-19 en las prisiones”, añadió.

Aseguró que los reclusos deben tener acceso a agua potable, productos de higiene y una limpieza adecuada, como una obligación de las autoridades para disminuir las consecuencias en la salud de la población penitenciaria y de los que están afuera.

“Es un problema crónico en Venezuela y varios países de la región, la pandemia puso sobre la mesa una deuda histórica. Es un tema difícil que ha sido una oportunidad para dejar en evidencia que dejar a un lado esta población ha generado un riesgo de salud pública para ellos y la sociedad”, afirmó.

La abogada afirmó que hay un deber del Estado de garantizar alimentación y salud porque es su responsabilidad lo que ocurre con las personas que están bajo su custodia.

Ten la información al instante en tu celular. Únete al grupo de Diario Primicia en WhatsApp a través del siguiente link:https://chat.whatsapp.com/JAVT2QhoJnADuHBKsruJpd

También estamos en Telegram como @DiarioPrimicia, únete aquí:https://t.me/diarioprimicia