Ven a la nueva Ley de Emprendimientos “muy genérica”

La Ley de Fomento y Desarrollo de Nuevos Emprendimientos (Lfdne) fue sancionada en la Asamblea Nacional el 14 de noviembre.

Dicha normativa tiene como objetivo el “establecer el marco jurídico para el fomento y desarrollo de las micros, pequeñas y medianas empresas”.

También busca impulsar la cultura emprendedora, con la aplicación de nuevas formas de asociación “y financiamiento orientadas al aumento de la producción de bienes y servicios, el despliegue de innovaciones y la diversificación de la economía nacional”.

La Lfdne está compuesta por 22 artículos y una disposición final. En ella está plasmada la creación del Fondo Nacional para el Emprendimiento, para financiar y apoyar a los que se inscriban en el Registro Nacional de Emprendimiento.

La ley fue publicada en la Gaceta Oficial nº 6.656 Extraordinario, de fecha 15 de noviembre de 2021.

Sergio Romero, miembro del Club de Emprendedores Ciudad Guayana de Fedecámaras, expresó que cualquier iniciativa que apoye el emprendimiento “es hoy más que nunca necesario y oportuno, sea de índole oficial o no”.

Romero admitió que la disminución del poder adquisitivo de los venezolanos les ha obligado a crear sus propias formas de supervivencia.

“A la cual yo llamaría emprendimiento de subsistencia, bajo un ambiente de hostilidad económica y sanitaria”, afirmó.

Legalización

El representante de los emprendedores resaltó que la nueva normativa habla de una autoridad única que participará con voz en el Comité Rector de la Cartera Única Productiva Nacional.

De igual forma, obliga a los emprendedores a trabajar en conjunto con consejos comunales. Y sobre el plan formativo y de academias para capacitar a los emprendedores, pero sin ofrecer mayores detalles.

“La nueva normativa es muy genérica (…) Habla de evitar burocratismo, pero al mismo tiempo crea este ente rector. Si se refiere con academias a las universidades, ellas están devastadas”, indicó.

En la Lfdne destacan que los emprendedores deben pagar impuestos. “Cosa que es lógica, pero no aclara mucho este aspecto”, apuntó.

Sobre los posibles beneficios, Romero indicó que se menciona que los emprendimientos recibirán financiamiento y les garantizarán la simplificación de trámites.

El miembro del Club de Emprendedores la comparó con la iniciativa de la década del 2000 cuando se crearon las cooperativas.

“Las empresas en aquel entonces debieron contratar a personal interno y externo para encargarse de mantener al día todos los permisos requeridos para poder funcionar. Todo esto genera costos excesivos que hacen inviable toda idea de negocio”, agregó.

Acotó que si la idea es legalizar a los emprendedores a que salgan del sistema informal y se sumen a lo formal, la manera de atraerlos es financiar en el hecho y no solo en el papel a los emprendimientos.

En ese aspecto incluyó el pago de impuestos luego de obtener el equilibrio de ingresos y egresos, darles la oportunidad de competir dignamente y abrir la economía del país.

También señaló la importancia de generar de facto inversiones en infraestructura, comunicaciones, construcciones, que genere fabricación y manufactura para salir de la dependencia absoluta del Estado.

“Dicha economía es la única que garantizaría que esta ley llegue a feliz puerto. De lo contrario veo poco probable el éxito de esta ley que en la década del 2000 se ensayó con las Cooperativas y Empresas de Producción Social con un relativo éxito”, declaró.

Entramado jurídico

El economista José Ricardo Salazar definió la Lfdne como “parte del entramado jurídico” al que el gobierno nacional tiene acostumbrados a los venezolanos.

Expresó que se sacan leyes, reglamentos y aspectos legales “que se piensa que son innovadores en toda esta materia de estimular la inversión y la actividad económica del país”.

Recordó que Venezuela tiene más de siete años con una caída de Producto Interno Bruto (PIB), que se ha traducido en el empequeñecimiento de la economía.

“Lo que antes era una economía en el 2013 que estaba alrededor de los casi 400 mil millones de dólares. En este momento no representan ni 40 mil millones de dólares”, recalcó.

Salazar explicó que con la nueva ley para promover los emprendimientos, “se le está dando un rango sublegal a una actividad económica que evidentemente se tiene que realizar”.

Aclaró que es falso que en dos años los emprendimientos ya tendrán una característica de empresa con un proyecto totalmente madurado.

Al contrario, señaló que en dos años, los emprendimientos deben entrar al proceso formal de la economía, a través de la adquisición de un registro mercantil y de otras inscripciones que le permitan pasar a ser empresarios o propietarios de empresas.

El economista aseveró que todos los incentivos en materia tributaria o financiera “no es más que la repetición de las mismas cosas”, tocando el tema de las exoneraciones de tributos nacionales y no de los municipales “que golpean mucho más este tipo de proyectos”.

“Se habla de manera genérica, de que la banca pública y privada privilegiará el desarrollo de estos proyectos de los aspectos relacionados a esta ley, sabemos que el financiamiento bancario está desaparecido del país”, añadió.

Sobre el aspecto de que el Estado adquirirá con la demanda pública los bienes que se produzcan, lo identificó como una “trampa que se coloca a este tipo de emprendedores”.

“Al final de cuentas ven que ninguno de los organismos públicos hacen caso de esta normativa, y tienen que convertirse en personas que puedan competir con la situación que hay sin tener ningún tipo de privilegio”, dijo.

Escenario macroeconómico

El especialista señaló que esta ley fue creada dentro de un marco macroeconómico de restricciones como la carencia de servicios públicos, de financiamiento.

“Con una economía inflacionaria que se ha ralentizado un poco, pero que aún permanecemos en una etapa hiperinflacionaria, con una caída abrupta del PIB”, reiteró.

Indicó que las fuentes fundamentales de la economía están prácticamente detenidas y lo único que destaca es una actividad comercial, relacionada más con el consumo “para una parte de la población que tiene acceso a divisas”.

Estos factores los identificó como una economía engañosa que apunta a hacer parecer que hay un crecimiento, cuando no es así.

Relató que Venezuela no tiene exportaciones que puedan generar divisas de manera fundamental y que el país está rezagado en la clasificación de la recuperación postpandemia.

Para Salazar este retraso se debe a que no existe una política económica que estimule la inversión externa, para permitir que los capitales se asienten en el país y que tengan la garantía jurídica “de que no van a ser expropiados o atacados por las instituciones del Estado”.

El especialista acotó que en el marco de este escenario macroeconómico, “ninguna ley llámese con el nombre innovador que le queramos dar, resolverá la generación de riqueza, de producción y crecimiento de la actividad económica del país”.

Repitió que mientras persistan los obstáculos macroeconómicos con un país “prácticamente paralizado” sin dar soluciones desde el Ejecutivo Nacional, no ve perspectiva a la Lfdne para promover parcialmente algún aspecto de la economía como los emprendimientos.

“Si no tenemos un marco que permita que atraiga, que esos capitales puedan tener un sustento orgánico y no algo ficticio derivado de imposiciones u obligaciones no le auguro ningún éxito. Más aún cuando cada uno de los proyectos debe recibir financiamiento”, cerró.

Bolívar Emprende

Tomás Guerra, presidente de Fedeindustria Bolívar, declaró que desde el organismo están “totalmente de acuerdo” con la nueva ley para visualizar a todos los pequeños emprendedores. Resaltó que en Guayana existe el movimiento Bolívar Emprende para impulsar esos proyectos.
“Ya se ven pre-empresarios, como lo llamamos nosotros, con empresas formalizadas y con el apoyo del movimiento a nivel nacional se está canalizando las diligencias (…) Es allí donde veremos la producción nacional en pleno”, acotó.

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