Fedecámaras Bolívar: Reactivación del cobro de impuestos en Caroní diezmará actividad económica formal

A través de la sentencia N° 0161 del 20 de noviembre, el Tribunal Supremo de Justicia levantó, en 14 municipios del país, la suspensión de 90 días decretada por medio de la sentencia N° 078, del 7 de julio de 2020. Con esta se suspendía temporalmente la aplicación de instrumentos normativos, tanto estadales como municipales, que establecieran tasas o contribuciones de naturaleza tributaria, como respuesta al contexto de pandemia por covid-19.
Acuerdo de armonización tributaria

Junto a la decisión de suspender el cobro de tasas y contribuciones en los municipios del país, se ordenó la creación de mesas técnicas de armonización tributaria en coordinación con la vicepresidencia para el área económica.

La armonización tributaria planteada en la sentencia 078, se reguló a través de la sentencia N° 118 de agosto de 2020, y en esta se estableció que la suspensión se mantendría hasta que los municipios se adecuasen al acuerdo de armonización tributaria y presentasen un informe con respecto a su aplicación.

Hasta la fecha, 14 municipios ya cumplieron esta medida de suspensión. Sin embargo, desde el sector empresarial en Caroní denunció que “no se ha entendido el objetivo de la armonización”.

La petición del sector empresarial era sentarse a evaluar el impacto económico que tendría la imposición de alícuotas; no fue respondida y lo que vemos ahora es el resultado de una decisión unilateral.

Camilo London, asesor de Fedecámaras Bolívar y director de la Cámara de Comercio de Caroní, explicó que las solicitudes establecidas desde Fedecámaras Bolívar y la Cámara de Comercio de Caroní no fueron tomadas en cuenta y la única modificación que se hizo fue extender el plazo de pago, de 7 días a 15 días, por un asunto de logística.

“Si tenía que declarar el 7, y el 14 lo hacía mi agente de retención; no aparecía en sistema”, comentó.

Además, destacó que hubo una modificación de las alícuotas: “algunas fueron disminuidas y otras aumentadas; pero siempre quedamos en los límites”.

London apunta que el aumento de los impuestos se enfoca en el sector comercial, algo que perjudica a la formalidad, y como consecuencia, promueve la informalidad.

Con respecto a estas decisiones, consideró lamentable que no se haya atendido o entendido la situación en la que están operando muchas empresas en el municipio; según indicó, las empresas requerían de un alivio tributario contrario al que se había aplicado y formalizado con esta reforma.

Acciones por parte del sector empresarial

El asesor de Fedecámaras Bolívar manifestó que desde el sector empresarial se elevará el reclamo ante el TSJ, el órgano que aprobó y dio el aval a esta ordenanza que lamentablemente tiene muchos vicios.

“Esto va a mermar o diezmar la actividad económica formal, especialmente de las nuevas empresas y emprendedores; es una ordenanza que afecta en mayor grado a las empresas más pequeñas y emprendimientos. El que comienza una actividad económica, lejos de formalizarse, pensará en mantenerse en la informalidad”, señaló.

Para London, la informalidad no le conviene a nadie; no le conviene a la municipalidad, al país, y al sistema formal de empresas, y ante esto, el rol del gremio es seguir insistiendo en la necesidad de racionalizar la carga tributaria que se le está imponiendo a las empresas.

“Pareciera que se sigue trabajando para sacar el máximo provecho de las empresas para el mantenimiento de la alcaldía, y no hay una distribución equitativa”, precisó.

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