Empresarios piden revisión al aumento de impuestos

Los empresarios del estado Bolívar alertan sobre la propuesta de aumento de impuestos y exhortan a una revisión que tenga en cuenta estudios de impacto económico.

La Cámara de Comercio e Industrias del municipio Caroní (Camcaroní), rechazó la propuesta del aumento del Impuesto Sobre la Actividad Económica (Isae), en un marco de recesión económica.

En un informe que consta de nueve incisos, y que estuvo bajo que estuvo bajo la coordinación técnica del especialista Camilo London, vicepresidente de finanzas de la institución gremial y asesor de Fedecámaras Bolívar, advierten la grave afectación que tendrá el sector productivo del municipio y la violación de disposiciones contenidas en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y el Código Orgánico Tributario.

Con ella en lugar de brindar alivio a la economía municipal, la propuesta que se ha sometido a consulta incrementa el 66 % de los aforos, que ya habían sido incrementados en el año 2018, en un promedio de 96 %.

La reforma

El domingo 9 de agosto, 308 de los 335 Alcaldes que representan la totalidad de los municipios firmaron el Acuerdo Nacional de Armonización Tributaria Municipal, el cual tenía como objetivo construir un modelo tributario eficiente y con estándares internacionales.

De este acuerdo, surge la sentencia 0118 emanada de la sala constitucional del TSJ, de fecha 18 de agosto, que exige proceder, en el lapso de 30 días, con una adecuación de las ordenanzas municipales relativas a los tipos impositivos y las alícuotas de los tributos inherentes a las actividades económicas de industria y comercio.

Caso Caroní

Pese a que el municipio Caroní no se encuentra sobre la media de actividad económica nacional, se pretende ubicar en el máximo de las alícuotas del Acuerdo de Armonización a 15 de los 23 tipos impositivos del instrumento de referencia.

En promedio, las alícuotas que se quieren aplicar se ubican en el percentil 91 del rango de referencia, lo que les ubicaría en las más altas de impuesto municipal del país.

Históricamente Caroní ha sido un municipio que gira en torno a las operaciones de las industrias básicas de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), y con su paralización, el sector económico se ha sumido en una crisis económica sin precedentes, agravada circunstancialmente por la escasez de combustible.

Propuestas

En este escenario, el vicepresidente de finanzas de Camcaroní y asesor de Fedecámaras Bolívar, explicó que estas medidas parecieran querer enfocarse en los comercios, un sector gravemente afectado por la cuarentena por Covid-19, en lugar de tomar decisiones en torno al sector informal.

Por esta razón, tanto desde la Cámara de Comercio e Industrias de Caroní, así como desde Fedecámaras Bolívar en representación de todo el sector empresarial de la región, se exhortó a las autoridades a que las alícuotas sean fijadas entre el percentil 10 y 20.

“Es importante que la ciudadanía, y especialmente el sector empresarial, sepan que se están aplicando estas medidas y sus consecuencias, para que tomen una postura, porque nos afecta a todos.”, expresó el primer vicepresidente de Fedecámaras Bolívar, Austerio González.

En lo que a González respecta, si la línea expuesta por el ejecutivo es aliviar la carga de los empresarios, en un contexto de emergencia nacional, no debería ser utilizado el acuerdo para incrementar los impuestos.

“Si la sola inflación incrementa los ingresos y en consecuencia los impuestos, no se justifica que se incrementen las alícuotas en Caroní”, apuntó.

Caso Angostura

En el Municipio Angostura del Orinoco, se espera que próximamente el proyecto de ordenanza sea divulgado y sometido a consulta popular.

Sin embargo, al sector empresarial, y especialmente a la Junta Directiva de la Cámara de Comercio e Industrias del estado Bolívar que: el legislador sancione una Ordenanza del Isae donde se decante por el máximo valor porcentual establecido en el «acuerdo nacional.

Esto sería una situación que significaría un incremento desproporcionados en el Isae y al mismo tiempo evidenciaría la inexistencia de un estudio de impacto económico prudente que garantice la contribución tributaria conforme a la capacidad económica establecida en la CRBV.

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