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El acto de instalación se llevó a cabo en La Giralda, sede del Ministerio del Interior en Bogotá, y contó con la participación estratégica del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares, la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Unidad Nacional de Protección (UNP), el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Defensoría del Pueblo. De acuerdo con las estimaciones de la cartera política, el PMU centralizará las principales alertas y funcionará de manera ininterrumpida desde antes de la apertura de las mesas de votación.
“Ese Puesto de Mando Unificado lo que quiere es que si hay un problema en vías, en alumbrado y el orden público, llegue el requerimiento aquí y nosotros automáticamente respondemos como gobierno a lo que realmente esté sucediendo en el país”, señaló el ministro Benedetti, quien enfatizó que desde este sábado 30 de mayo “queda abierto el PMU y queda todo el tema para avisorar cualquier problema que haya en el país. Como Gobierno absorvemos lo que sucede y enseguida respondemos, buscando las diferentes otras entidades del Gobierno”.
Por parte del Ministerio de Defensa se detalló el masivo componente de seguridad que custodiará el territorio nacional. El ministro de la defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, informó que el despliegue general estará integrado por alrededor de 120.000 policías, 160.000 miembros del Ejército Nacional y más de 120.000 uniformados de apoyo asignados a todas las regiones del país.
El ministro Sánchez indicó que existe un enfoque general para la protección integral del sistema electoral, abarcando tanto la seguridad física como la cibernética. “Hacemos una invitación a la ciudadanía para que demuestre un lenguaje democrático, evitar la volatilidad del proceso electoral. Tenemos PMU en todo el territorio nacional. Hago una invitación muy respetuosa al pueblo colombiano para que voten de manera masiva y esperen los resultados, eso es lo único que pedimos los 408.000 miembros de la fuerza pública que garantizan estas elecciones”, puntualizó el jefe de la cartera de defensa.
A pesar de las garantías gubernamentales, diversas organizaciones civiles y de observación han emitido numerosas alertas previas, enfocadas principalmente en problemas de alteración del orden público y el posible constreñimiento al electorado en zonas vulnerables.
Entre los expedientes prioritarios que ya reciben atención por parte de los cuerpos de seguridad se encuentran las denuncias consignadas por el partido de oposición Centro Democrático, las cuales refieren una presunta intervención de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) mediante la supuesta retención o “recogida” de cédulas de identidad de los ciudadanos, caso que ya se encuentra bajo revisión formal de las autoridades encargadas.
Ante este panorama, la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, informó que desde su institución se procedió al despliegue de “dos comités directivos nacionales para monitorear situación que requiera de atención institucional, las cuales serán planteadas en los PMU.
Asimismo, se tramitarán las quejas que se presenten y que puedan afectar la libertad de las elecciones”. La funcionaria precisó además que la Defensora mantendrá un esquema de vigilancia especial sobre aquellos factores que puedan interrumpir el sufragio debido a variables de violencia armada o contingencias meteorológicas, concluyendo que “se va a monitorear con especial atención situaciones de riesgo por el conflicto armado o por situaciones climáticas en los departamentos de Norte de Santander, Meta, Guaviare y Caquetá”.
