Trabajo

“Venezuela tiene condiciones económicas para decretar inamovilidad laboral”

El abogado laboral Oscar Silva explicó las implicaciones del decreto que se ha extendido por dos años más en Venezuela.
miércoles, 06 enero 2021
“Venezuela tiene condiciones económicas para decretar inamovilidad laboral”
Cortesía | La extensión del decreto se anunció en Gaceta Oficial del 31 de diciembre de 2020

El Gobierno nacional anunció la extensión de la inamovilidad laboral por dos años, decreto que para el abogado laboral Oscar Silva es aplicable ante las condiciones económicas y sociales del país, situación que se acentúa durante la pandemia por covid-19.

La extensión del decreto de inamovilidad laboral por dos años se anunció a través de la Gaceta Oficial Extraordinaria número 6.611, del 31 de diciembre de 2020.

Silva explicó que la inamovilidad laboral es una figura que aparece desde la primera Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras, que se utiliza como un sistema de protección frente a situaciones que crean inestabilidad dentro de la figura empresarial.

El abogado resaltó que el decreto de inamovilidad laboral se aplica para evitar el desempleo y sus implicaciones en “motivos catastróficos”. El perder beneficios que causen un trauma social.

Añadió que la inamovilidad no solo impide que un trabajador sea despedido, sino que sea removido, trasladado o que haya desmejoras en su cargo y salario, el decreto establece que deben conservarse idénticos los términos de la relación laboral.

“Venezuela tiene condiciones económicas para decretar inamovilidad laboral, estamos atravesando un problema y unas circunstancias sumamente graves. Las personas que tienen trabajo deben procurarse su protección o podemos seguir cayendo más abajo, si se permitieran los despidos masivos”, añadió.

Implicaciones para el empresario

Silva mencionó que en algunos casos de empresas del Estado “no se respeta” el decreto de inamovilidad laboral. “Eso funciona para el sector privado”, agregó.

Sobre las implicaciones desde el punto de vista empresarial, el abogado aclaró que el decreto se ha mantenido por 20 años y no se espera “que afecte más de lo que ha afectado” durante este tiempo.

“Hay empresarios que subsisten y buscan la manera de sobrevivir. El empresario que se vea muy ahogado con el tema de la inamovilidad laboral tiene sus procedimientos, es una medida relativa, no es absoluto”, apuntó.

El abogado afirmó que los patronos tienen mecanismos para “aflojarse de la inamovilidad laboral cuando se requiere”.

Una de las alternativas es solicitar permiso a la Inspectoría de Trabajo para realizar una disminución de personal, sustentando una posible quiebra con pruebas fehacientes sobre cifras de la empresa.

“Los empresarios prefieren negociar con los trabajadores. Pero desde el punto de vista jurídico, piden al inspector que autorice los despidos masivos para no poner en riesgo más puestos de trabajo”, resaltó.

No descartó que la inamovilidad laboral podría causar daños a los empresarios y la actividad económica, porque “prácticamente deben solventar sobre la marcha”.

“Dentro del liberalismo que queremos la mayoría de los venezolanos no debe existir la inamovilidad laboral (…) Pero quién duda de que estemos en emergencia económica, social y ahora de salud. De inmediato hay que salvaguardar la mayor cantidad de puestos de empleo que se pueda”, comentó.

Compresión mutua

Desde su experiencia, Silva reveló que en los últimos meses sí se ha presentado una disminución de puestos de trabajo pero no una cantidad abrumadora.

Muchos empresarios se preocupan por dar parte del salario, aunque no se preste ningún servicio ante la cuarentena como medida para prevenir la propagación del covid-19.

En ocasiones se acuerda mutuamente la suspensión de un contrato, “bajo la afectación silente y tácita del trabajador que sabe que no está prestando ningún tipo de servicio”, lo que definió como comprensión mutua entre empleados y jefes.

“Hay un nivel de tolerancia de parte del trabajador. El patrono que no pague si no hay ninguna relación de trabajo no comete ningún delito. La relación de trabajo implica prestar servicio bajo subordinación por un precio”, añadió.

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