Trabajadores de Ferrominera exigen justicia laboral ante la Inspectoría
Trabajadores de la empresa CVG Ferrominera Orinoco, junto a representantes de otras empresas básicas, se concentraron este martes frente a la sede de la Inspectoría del Trabajo, en Puerto Ordaz.
El encuentro fue para denunciar la paralización de sus expedientes ante lo que califican como un “silencio administrativo” que vulnera sus derechos fundamentales.
Los trabajadores, algunos con más de siete años fuera de sus puestos de trabajo, exigen al Ministro del Trabajo una intervención ante la falta de respuestas institucionales en Bolívar.
Yanrichar Rosas, delegado de prevención de Ferrominera, relató que su caso se mantiene en el “aire” desde el 2020.
Mencionó que a pesar de cumplir con los canales regulares, no ha obtenido una respuesta, y solo ha recibido “opacidad” en el manejo de la justicia laboral.
“El llamado de atención es para solicitarle al Ministro de Trabajo que haya celeridad en la toma de decisiones por parte de la Inspectoría del Trabajo de Ciudad Guayana, debido a que han existido figuras como los inspectores Ad Hoc (…) pero las decisiones aún no las han tomado”, manifestó.
Sistema “antiobrero”
Por su parte, Héctor Delgado, trabajador afectado por despidos que datan del 2015 al 2018, calificó el sistema actual como “antiobrero”.
Asimismo, denunció que las protestas han sido criminalizadas, alertando sobre una irregularidad que considera grave como la desaparición de registros administrativos.
Delgado aseguró que, tras ser remitido desde Ciudad Bolívar; en la sede de Puerto Ordaz no encuentran rastros de su denuncia.
“Muchos trabajadores fueron separados de sus cargos sin que se cumpliera ningún tipo de procedimiento legal previo”, aseveró.
Despido bajo amparo de “fuero maternal”
Otra de las afectadas es Leiny Guerra, quien denunció haber sido despedida en 2019, a pesar de que se encontraba en periodo de lactancia y bajo amparo de “fuero maternal.
Mencionó que, en ese tiempo, la empresa le aplicó “abandono de trabajo” de forma ilegal, ya que no respetaron su condición de reposo que no pudo validar a tiempo por la inactividad de la junta directiva del Seguro Social en aquel momento.
En ese mismo orden, Guerra dijo que en ese tiempo solicitó un adelanto de prestaciones para costear estudios médicos valorados en 300 dólares, pero su petición fue rechazada por la empresa alegando falta de liquidez.
“Somos personas trabajadoras que necesitamos nuestro trabajo para la manutención de nuestros familiares”, sentenció Guerra, quien ya suma siete años esperando el reenganche.
Durante sus intervenciones, los trabajadores coincidieron en que existe un patrón de despidos no justificados que afecta a toda la cadena de las empresas básicas de Guayana.
Es por ello, que exigen el cese de lo que consideran un “silencio administrativo” y piden que la Inspectoría de Puerto Ordaz se aboque a emitir las providencias administrativas necesarias para garantizar el retorno de los trabajadores a sus puestos.
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