Trabajadores de Caroní marcharon para exigir un “salario digno”

Por la eliminación del memorándum 2792 y un ajuste “salarial digno”, este jueves 12 de marzo, trabajadores, jubilados y pensionados de las empresas básicas y de los distintos sectores laborales del municipio Caroní se sumaron a la jornada nacional de protesta.

Con una concentración en las afueras de la sede de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), en Puerto Ordaz, hicieron un llamado al Ejecutivo Nacional para que se respete lo establecido en el artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que “establece el derecho de todo trabajador a un salario suficiente que permita una vida digna, cubriendo necesidades básicas para sí y su familia”.

Fernando Serrano, secretario de Trabajo y Reclamo de CVG Venalum, quien recientemente fue excarcelado tras ocho meses de detención, señaló con firmeza que seguirá alzando su voz con toda la clase obrera para que se reponga los contratos colectivos y las tablas salariales.

“Aunque corporalmente estuve encerrado mi mente siempre estuvo libre. Hoy la detención la tienen los trabajadores con sus salarios presos. No podemos permitir que nos acorrale el miedo”, sentenció el dirigente.

Serrano recordó que en julio de 2025 fue encarcelado por los delitos de terrorismo, asociación para delinquir e incitación al odio, solo por alzar su voz ante lo que consideran salarios de miseria.

“Incitación al odio por gritarle al mundo que tenemos hambre; incitación al odio por gritarle al mundo que no tenemos salario; incitación al odio por decirle al mundo que necesitamos salvar a Guayana, la alternativa no petrolera que nunca debe morir”, aseveró.

En ese sentido, recordó que el artículo 91 de la constitución no es una sugerencia sino un mandato, que -a su juicio- se incumple frente a una canasta básica que supera los 500 dólares.

Por su parte, Fidel Brito, presidente de Fetrabolívar y también ex preso político, calificó de “mamotreto” el memorándum 2792, señalándolo como el “verdugo de las contrataciones colectivas” en el país.

“Estamos en miseria extrema porque el gobierno pretende mantenernos en la indigencia con bonos hambreadores. Defender la libertad sindical no es un delito, es una necesidad para el futuro de nuestros hijos y nietos”, afirmó Brito, haciendo un llamado a la unidad de la sociedad civil.

En representación del sector educación, Aida González, secretaria general del Colegio de Profesores, describió un escenario desolador donde los docentes han pasado cuatro años “mendigando” y sin capacidad siquiera para costear el pasaje hacia las escuelas.

“Estamos trabajando a espaldas de los sindicatos. Pedimos que se nos llame a discutir, que se respete a la CTV y a todo el gremio. Muchos docentes no se han ido por esperanza, pero la situación es crítica, no hay calidad educativa si el maestro no tiene cómo alimentar a su familia”, denunció.

José Ricardo Salazar, economista de la región, recordó que un salario mínimo inferior a un dólar es una “afrenta” a la dignidad humana.

Advirtió que la brecha fiscal y la depreciación del bolívar siguen pulverizando la capacidad de compra, por lo que urge una política económica monetaria que frene la inflación y devuelva el valor al trabajo venezolano.

Tras la concentración, al grito de ¡Libertad! trabajadores marcharon hasta la Plaza Monumento a la CVG, en Alta Vista, dónde recordaron que la lucha no se detiene mientras las empresas básicas sigan colapsadas y los hospitales deteriorados.