Retiran medidas cautelares a trabajadores

Los trabajadores de CVG Bauxilum que fueron detenidos por participar en las protestas de enero en las adyacencias de la Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro, tuvieron su audiencia preliminar.

El abogado Robnny Gutiérrez, recordó que Luis Coro, David Torres, Juan Salas y a Enyerbel León, se les realizó la audiencia de presentación y precalificación fiscal por los delitos de agavillamiento y resistencia a la autoridad.

Además, señaló que fueron objeto de medidas cautelares “como la prohibición de volver a manifestar y la presentación periódica en el tribunal cada semana”.

En la audiencia preliminar, realizada este viernes 5 de mayo, “se logró que se quitaran las medidas y una suspensión condicional del proceso”, lo cual representa un beneficio a los trabajadores.

“Permite en este caso ante los delitos que son obviamente irrisorios y no hay realmente un daño causado, que ellos puedan continuar con sus labores de trabajos y el cese de la vigencia de la medida de coerción personal”, explicó.

Detalló que el Ministerio Público hará un seguimiento al desarrollo del proceso y posteriormente una audiencia especial que permitirá al tribunal acordar un sobreseimiento a la causa de los trabajadores.

Una detención “arbitraria”

Gutiérrez quien es miembro del equipo jurídico Foro Penal capítulo Bolívar, resaltó que la detención de estos trabajadores fue “arbitraria”, ya que la protesta es un derecho constitucional y el ejercicio legítimo de estos no es un delito.

“Simplemente por estar ahí fueron detenidos (…) y lo cierto es que esta detención nunca se tuvo que haber realizado”, sostuvo.

Al mismo tiempo, reconoció el carácter “comprensivo” y colaborador del tribunal y del Ministerio Público “porque era totalmente evidente la arbitrariedad de las actuaciones”.

Con trayectoria en asistencia jurídica de víctimas de violaciones de derechos humanos, enfatizó en que “el mensaje que tenemos que dar a la sociedad es que no importa la situación siempre hay que hacer labores de denuncia”.

Añadió que “esos funcionarios que practicaron esa detención tienen una responsabilidad penal importante porque su rol es proteger a la sociedad y no lesionar sus derechos”.

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