Jubilados exigen el cumplimiento de compromisos firmados por la CVG

Para exigir el cumplimiento de los acuerdos firmados por la junta interventora, jubilados se concentran nuevamente este lunes 9 de octubre frente a la casa matriz de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).

Hugo Medina, presidente de la Federación de Asociaciones de Jubilados y Pensionados del estado Bolívar (Fedajupebol), recuerda que se han cumplido 45 días sin respuesta a pesar de que el 15 de septiembre hicieron un llamado por escrito.

“Nosotros no estamos acá para estar trancando la calle, nosotros deberíamos estar en nuestras casas disfrutando de un jubileo, pero la situación por la que estamos atravesando nos obligó a tomar una medida extrema”, señala.

Medina enfatiza en que han sacado a los jubilados sin prestaciones sociales y con una pensión mínima de 130 bolívares.

Insiste en que están dispuestos a “lo que sea” para obtener respuestas y vencer en esta lucha.

Asegura que estarán en la calle el tiempo que sea necesario, ya que se trata no solo de los jubilados y los accionistas, sino de la seguridad social de sus familias.

Mientras mantienen su grito de guerra de “¡no al exterminio!”, al presidente Nicolás Maduro también extienden el llamado para que haga justicia social, pues son 5.800.000 jubilados.

Accionistas clase B

Jonis Luna, representante de los accionistas clase B de Sidor, señala que luego de la huelga de hambre que finalizó el 24 de agosto, entre los puntos establecidos están la instalación de la mesa con los jubilados y pensionados, el cálculo de las prestaciones sociales, y la venta de las acciones.

Sobre este último tema, comenta que han tenido tres reuniones hasta ahora, esperando que la próxima sea el miércoles 11 de octubre.

“Ya nos pidieron la propuesta económica, ya se la presentamos a razón de $ 104.73 por acción. Es lo que estamos exigiendo, en los mismos términos y condiciones que le pagaron al consorcio Amazonia en el año 2008”, añade.

Luna recuerda que fue producto de una auditoría externa que se hizo en ese entonces y que el valor de la acción no puede ser fijado “por capricho” o porque la empresa actualmente no está produciendo.

Describe que hacer una auditoría externa cuesta cinco veces más el costo del valor que están exigiendo como accionistas, por lo que pagarle a los 5.800 accionistas significa alrededor de $ 300 millones, mientras que hacer una nueva auditoría $ 1.500 millones.

“Ellos tienen que decidir si pagar bajo esa auditoría del 2008 o hacer una nueva auditoría. Si deciden por el punto dos estarían malversando los recursos del Estado, porque eso está recogido en el código de comercio”, sostiene.

Esperan que la mesa de negociación no sea paralizada, ya que de esta depende el último patrimonio que tienen los sidoristas y que, de alguna manera, pueden resolver temas sociales o de salud, más allá de lo mercantil.

Mantienen exigencias

Luna recuerda que de acuerdo con el acta firmada en agosto con la junta interventora, queda pendiente la instalación de la mesa con los jubilados. Señala que se ha cumplido con el pago de las prestaciones sociales, sin embargo, de manera “chucuta”, solo la toman como un adelanto.

El secretario general del sindicato de Carbonorca, Ramón Espino, resalta que es contradictorio ver a los compañeros luchando para poder sobrevivir, luego de haber dado cuantiosos años de vida en las empresas.

Expone que, en estas empresas altamente contaminantes y con críticas condiciones de producción, dieron su juventud con mucha responsabilidad. “Esto quiere decir que, más allá de un beneficio contractual, es un beneficio social y humano”, afirma.

Los manifestantes exigen a las autoridades que cumplan con lo establecido en el contrato colectivo y en la Constitución.

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