Jubilados de empresas básicas denuncian suspensión de beneficios contractuales

Jubilados de la Ferrominera del Orinoco (FMO) y Bauxilum exigieron al Ejecutivo Nacional y a los titulares de esas empresas que respondan de una vez por las deudas y beneficios contractuales pendientes.

Evenerable Campos (78 años), jubilado de FMO, aseguró que dejó de recibir las bonificaciones de navidad y los paquetes de recreación desde 2018.  

Desde 2016 están reclamando la cancelación de la deuda acumulada que perjudica a entre 3000 y 3500 jubilados, exponiéndolos a dificultades económicas que limitan sus capacidades para cubrir necesidades básicas y que, incluso, ha causado la muerte de varios compañeros. 

“Desde que se decretó el memorándum 2792, nos retiraron los beneficios del comisariato, como el hospital. Hasta la fecha, no recibimos ninguna otra bonificación”, expresó.

Campos, que prestó servicios por 26 años, rechazó la falta de respuestas oficiales de las autoridades filiales de la Corporación Venezolana de Guayana.  “Ya hemos agotado todas las instancias. Fuimos a la calle, a la radio y a la CVG. Nos dicen que ellos (directivos de la CVG) no pueden hacer nada, que es asunto del Ejecutivo Nacional. No vinimos a pedir nada, solo solicitamos que se dé lo que es nuestro”, indicó.

Bauxilum

Ramón García, exsupervisor general, enfatizó que la situación es un “malestar generalizado” en todas las empresas básicas de la región. “El instructivo Onapre afecta a toda la clase jubilada y pensionada sobreviviente de forma inconcebible. Nosotros, como pensionados, tenemos el derecho a un salario justo y honorable porque nosotros le dimos la vida a la empresa”, aseveró.

García y Campos solicitan al presidente la designación de una comisión especial que defienda los derechos de los trabajadores y emprenda soluciones ante el incumplimiento de los compromisos contractuales.

Recorte de primas laborales

Luego de la reconversión monetaria del 2018, el Instituto Nacional de Presupuesto (INE) promulgó el instructivo de Proceso de Ajuste del Sistema de Remuneración de la Administración Pública, Convenciones Colectivas, Tablas Especiales y Estratégicas, orientado a regular las cifras salariales de los trabajadores adscritos a entes públicos, en el marco del Programa de Recuperación Económica, Propiedad y Crecimiento del presidente Maduro. Seguidamente, entró en vigor el memorándum 2792, fundamentado en la premisa de “racionalizar la riqueza” de la clase obrera pública y privada. 

Desde entonces, ambas ordenanzas han desatado manifestaciones y críticas  por parte de los trabajadores activos, jubilados y pensionados por las rebajas salariales  y la remoción de las bonificaciones labores de las empresas estatales  del país. “Es una violación a nuestros derechos”, recalcó García.

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