CVC Bolívar: Hay parálisis total en el sector constructor

“La situación del sector constructor es un espejo en todas las regiones del país”, afirmó Óscar Gómez, presidente de la Cámara Venezolana de Construcción (CVC) del estado Bolívar, alegando que hay una “parálisis total”.

En 2019, Gómez mencionó que había decaído un 98 %, dos años después asegura su completa paralización.

Explicó que lo poco que se está construyendo actualmente es “un esfuerzo para culminar un compromiso que se tenía con algún cliente”, pero que no han empezado nuevas.

Debido a ello se han incrementado los proyectos abandonados o “planes por los que algunas personas apostaron y luego fue imposible culminar”, cuenta Gómez.

La escasez de materia prima también ha influenciado. Aunque “actualmente se pueda conseguir con mayor facilidad que años anteriores, pero no hay proyectos de construcción para ejecutar”.

Gómez indica que la parálisis del área se venía percibiendo entre el año 2011 y 2012, cuando comenzó el decrecimiento de los proyectos por factores exteriores que se presentaron como la “estacionalidad del material”.

Para poder seguir cumpliendo labores, “en algún momento” los obreros y constructores se encargaban de conseguir el suministro de materiales en otros países y traerlo, pero “además de elevar los costos, ahora se ha vuelto imposible hacerlo”.

La Cámara de Construcción de Bolívar se pregunta qué propuestas pueden tener en la región si no hay materiales, ni proyectos para ejecutar.

“¿Qué vamos a hacer nosotros?”, se cuestiona Gómez.

Batalla contra leyes

Otro de los factores que afectó al sector de construcción fue la modificación de varias leyes.

“Lamentablemente estos elementos del tema legal, en vez de motivar, obligaron a proyectos a paralizarse para evitar posibles sanciones”, explica el presidente de la CVC Bolívar.

“Las leyes no están modificadas para beneficiar a los venezolanos, sino solo a un sector”, asegura.

Para el año 2016, el ente presentó un informe de cómo reactivar esta área. En él indicaban que debían ser derogadas una serie de normas que inhiben la labor.

Entre ellas están la Ley de Tierras Urbanas, decretada en el 2009, la cual desmotiva la inversión por “los procedimientos de expropiación y/o intervención establecidos que violan el derecho de propiedad y legítima defensa”.

También la Ley Contra la Estafa Inmobiliaria, aprobada en 2012, que permite “imponer sanciones penales a la actividad de las empresas constructoras de viviendas y propicia la intervención de desarrollos habitacionales por causas no imputables al constructor y/o promotor”, comentó Gómez.

“Nosotros hemos estado en esta batalla por años, pidiendo la modificación de las leyes que permiten tomar tierras de todos los sectores de la región para ser expropiados para construir viviendas”, confiesa.

“Violentaron todas las normas”

A finales de 2010, el sector privado lideraba el porcentaje de construcción en el país. Pero para el lanzamiento de la Gran Misión Vivienda Venezuela, en el año 2011, “todo se revirtió”, relata Gómez.

Recuerda que fue en ese entonces cuando comenzaron a perder las estadísticas regionales y nacionales de los proyectos.

Guayana, desde sus inicios, fue una ciudad planificada y segmentada por sectores con una finalidad específica.

El presidente de la CVC afirma que “no hubo respeto por la zonificación previamente establecida y comenzaron a construir en cualquier terreno que estuviera disponible”.

“Ese aumento por parte de la gobernación afectó la planificación de la ciudad y no se evaluaron las variantes que podían afectar a las comunidades”, añadió Gómez.

Explicó que cada sector de la ciudad se divide para definir su función: zona escolar, uso residencial, comercial, recreativo, entre otros.

De esta manera se calcula la cantidad de aguas servidas que va a la red para que no contamine, también de aguas blancas y energía eléctrica, pero “ninguno de esos factores fueron evaluados”.

Alega que no hubo conversaciones en ningún momento con la CVC.

Gómez recuerda que por cada decisión que el área pública tomaba, los trabajadores privados protestaban.

Coloca como ejemplo el caso de cuando construyeron unos edificios en Villa Betania, donde se había planificado un hospital, pero nunca los terminaron.

“Ellos violentaron todas las normas”, enfatiza.

Debido a ello, manifiesta la importancia de las relaciones con las autoridades locales, quienes llevan el control de estadísticas de las obras iniciadas, culminadas y en proceso.

“Por eso no tenemos cifras oficiales de cuánto ha disminuido en la ciudad”, apuntó.

Planes futuros

Para la recuperación del sector constructor es indispensable crear Alianzas Públicas Privadas (APP), enfatiza Gómez, es un proyecto que presentarán en las próximas semanas, para que la Cámara Venezolana de Construcción pueda participar en la toma decisiones, conocer, evaluar y potenciar el estatus actual de la labor.

“Hemos tenido algunos acercamientos, aún nada concreto. Con la APP estamos haciendo la propuesta de la modificación de una serie de leyes que va a permitir que esto se pueda ejecutar”, menciona.

Ante todos los acontecimientos, Óscar Gómez y su equipo desean “motivar a la colectividad en general para demostrar que aún hay oportunidades. Presentar lo que era Ciudad Guayana unos años atrás y que, con las medidas necesarias, podemos apostar algo similar o mejor”.

Entre los proyectos futuros, plantean crear una aplicación móvil con la que puedan determinar los estatus de los proyectos del área constructora para poder potenciar sus beneficios y atraer inversionistas.

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