Trabajo

Alcaldía de Caroní adeuda 32 meses de Cestaticket a jubilados

Afectados han agotado las vías administrativas y legales acudiendo a la Fiscalía de Derechos Fundamentales, oficina del Adulto Mayor y la Inspectoría de Trabajo, sin embargo, siguen sin obtener soluciones.
martes, 03 marzo 2026
Cortesía | Los jubilados han agotado todas las instancias.

Jubilados y pensionados de la Alcaldía de Caroní, una vez más, alzaron su voz para denunciar lo que califican como una violación de sus derechos contractuales; la suspensión del beneficio de alimentación y ajuste salarial desde hace casi tres años.

Frank Palacios, jubilado por incapacidad desde 14 años, en representación de los afectados, recordó que el pago fue suspendido “arbitrariamente” hace 32 meses.

Durante ese tiempo han agotado las vías administrativas y legales acudiendo a la Fiscalía de Derechos Fundamentales, oficina del Adulto Mayor y, recientemente, a la Inspectoría de Trabajo. Sin embargo, siguen sin obtener soluciones.

Palacios lamenta que ni la gestión anterior de Tito Oviedo, ni las autoridad actual, muestre voluntad política para resolver el conflicto, dejando a los jubilados y pensionados en la incertidumbre económica.

Entre las exigencias que piden está la restitución inmediata del pago de alimentación, retroactivo de los meses adeudados y el cumplimiento de la cláusula 87 de la Convención Colectiva.

 

Eleva cifra de jubilados

Palacios aseveró que la “vulneración” a sus derechos se dio tras el ajuste del bono de alimentación que se hizo el pasado mayo de 2023, cuando el Ejecutivo Nacional estableció el pago del mismo en 40 dólares.

Aseveró que desde entonces, la administración municipal ha evadido la responsabilidad del pago, escudándose en que la competencia recae exclusivamente en la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre).

“Los alcaldes gozan de autonomía financiera según la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. Tienen la capacidad y el deber de gestionar los recursos para cumplir con sus trabajadores”, aseveró Palacios.

Indicó que la cifra de afectados pasó de 714 personas a unos 1,200 jubilado, entre maestros, empleados administrativos y obreros, quienes se encuentran “desamparados”.

De acuerdo al afectado, muchos de estos extrabajadores enfrentan cuadros de salud críticos, discapacidades y enfermedades crónicas.

 

Esperan respuesta de apelación

El extrabajador mencionó que debido a la apatía del ente municipal, entre agosto y septiembre de 2023, unos 32 jubilados introdujeron una demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo, en Puerto Ordaz.

Meses después, recibieron el fallo a favor de la municipalidad, lo que conllevó a que los extrabajadores introdujeran un recurso de apelación por el Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, y actualmente están a la espera de la decisión judicial

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