La información fue publicada por el fiscal general en las redes sociales.
Detalló que se “comprobó el pago de 360 mil dólares a estos exfuncionarios para que gestionaran, coordinaran y ejecutaran beneficios procesales”.
Tendrían conexiones con una banda criminal.
El delito de malversación de caudales públicos se castiga con cárcel de seis a nueve años.
