Violencia de género: Prevención y protección de las víctimas es tarea pendiente

En los casos de violencia de género, la prevención y la protección de las víctimas sigue siendo tarea pendiente en Venezuela.

El abogado Miguel Vincenti expresó a PRIMICIA que el objeto de las leyes no es tener un alto índice de personas sancionadas sino minimizar hasta erradicar los delitos.

“A nadie le satisface tener mil presos. Lo que satisface al ciudadano es tener cada vez menos incidencia de delitos. Hacia allá es que tienen que ir las políticas, hacia la prevención”, mencionó.

El coordinador regional del Ateneo Ecológico del Orinoco admitió que en el país “se le hace mucha fuerza a la sanción”, que no deja de ser un elemento importante pero no lo es todo.

“Si estuviesen invirtiendo los esfuerzos en una mayor prevención, a la vuelta de mediano o largo plazo vamos a tener números satisfactorios en el sentido de la reducción. La erradicación es algo bastante ambicioso pero iniciemos con la minimización”, destacó.

Dónde denunciar

El abogado señaló que los planes que ha establecido el Estado han sido ventajosos sobre mantener informada a la población tanto de los delitos como a dónde deben acudir a formalizar las denuncias.

Vincenti acotó que a la población se le insta a que acuda a los organismos de seguridad. En todas las comisarías y centros de coordinación policial en el país deben estar capacitados para atender las denuncias de violencia.

Resaltó que la reforma del año pasado a la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia amplió la lista de organismos de recepción de denuncias.

“Los jueces de paz, los consejos comunales, defensorías del pueblo, tribunales, Ministerio Público, en fin, hay una gama mucho más amplia de organismos receptores de denuncias, que tienen la obligación de enterar a las autoridades competentes de la persecución de estos delitos”, añadió.

Vincenti explicó que los cuerpos de seguridad están facultados por ley de ordenar de inmediato las medidas de aseguramiento, urgentes y necesarias, sin necesidad de autorización del Ministerio Público.

Otra novedad de la reforma de ley es facultar a los órganos de seguridad ciudadana para solicitar directamente al tribunal las órdenes de aprehensión de los agresores, sin mediación del Ministerio Público.

“Una novedad, antes no había existido en cualquiera de los sistemas de protección en materia penal. Vemos que la ley ha ido ampliando su campo de protección pero también hay mucho desconocimiento de las personas”, apuntó.

El especialista resaltó que los planes de orientación y seguimiento deben ser afianzados, además de continuar con la capacitación a todo el personal perteneciente al sistema de protección.

“En la prevención está el secreto del éxito. La prevención es educación y formación en valores”, afirmó.

Señaló que la ampliación de las medidas de aseguramiento que se otorgan a los organismos de seguridad ciudadana y las facultades a los funcionarios policiales de solicitar las órdenes de aprehensión a los jueces de control reduce significativamente el tema burocrático.

No obstante, hizo un llamado a tener control, ya que dichas medidas pueden ocasionar problemas en el marco de una mala práctica.

La reforma de ley también implica la adecuación en los pensum de estudio para incluir el tratamiento de los derechos humanos de mujeres, niños y niñas como parte del currículo escolar.

“La ley sirvió el plato completo (…) Le sirve a las instituciones que tienen la formación como su expresión, para llevar a los lugares donde no se llegaba antes”, agregó.

Deuda con las víctimas

Vincenti admitió que en el tema de atención a las víctimas de los casos de violencia es tarea pendiente.

“Ahí seguimos estando en deuda, el Estado sigue estando en deuda. La atención de los casos de violencia, de cualquiera que sea, debe ser abordado de manera integral”, aseguró.

El abogado recalcó que en dichos casos no solo se trata de poner la denuncia, detener al agresor, procesarlo en un tribunal e imponer la sanción.

También debe el Estado cumplir obligaciones con respecto a la integralidad de protección, sobre qué va a pasar con las víctimas y darles el resguardo debido de sus derechos, dignidad e identidad, según Vincenti.

Lamentó que las casas de abrigo siguen brillando por su ausencia y que hay casos que son tan graves que las víctimas no pueden regresar a sus hogares.

“Es una mora que tenemos desde la primera sanción de la Ley Orgánica de los derechos de la mujer a una vida libre de violencia, desde esa ley originaria están previstas las casas de abrigo”, dijo.

Recalcó que las casas de abrigo son las que permitirán proteger la integralidad de la víctima, además de la atención psicológica que no es para resguardar algún medio de prueba que sirva para el procesamiento judicial del agresor, sino para coadyuvar que la salud mental de la víctima sea restablecida.

Vincenti admitió que se cuenta con equipos multidisciplinarios “que están trabajando con las uñas también” y solo se da abasto para la atención prioritaria.

El abogado reiteró que las víctimas tienen el derecho de continuar un tratamiento psicológico, psiquiátrico en el caso de agresiones graves, que no se está cumpliendo.

“Hay una infinidad de carencias, no se cuenta con el personal, no hay infraestructura. Hacia allá es que debe el Estado virar la mirada, vamos a la prevención. No es nada más la sanción, si acaso es el último eslabón de la cadena y estamos viendo cómo se está poniendo de primero”, afirmó.

Vincenti aclaró que no se aboga por la impunidad pero hizo un llamado a “ampliar la visión”.

“Con eso (la sanción) no vamos a restablecer esos derechos vulnerados a la víctima, hay que atenderlas, enfocarnos en ellas”, destacó.

En universidades

El abogado recordó que a través del Observatorio Guayanés de Violencia Basada en Género llevaron a cabo el primer reporte de violencia intrauniversitaria, cuyos números los llamaron a la reflexión.

Acerca de dicha situación, relató que todo comenzó durante el confinamiento por la pandemia de covid-19, cuando se hicieron virales tuits de chicas que presuntamente habían sido víctimas y encendieron las alarmas.

“Ese era un espacio en el que todavía no se había tocado, salvo algunas pocas universidades que lo trataron de manera sensible justamente con la pandemia. Eso sigue ocurriendo”, señaló.

Mencionó que hay universidades que se sensibilizaron y los acompañaron en el estudio, el cual esperan retomar el año que viene con la ampliación del programa.

“Vamos a ver cómo se comportan las universidades en torno a esa información que se generó”, cerró.

Cuidado al difundir

El abogado Miguel Vincenti expresó que en la divulgación de casos de violencia se ha violado los derechos humanos por el resguardo de presunción de inocencia y por no proteger la identidad de las víctimas.

“Debe haber un control de la divulgación de ese tipo de material sensible, hay que difundir para prevenir pero también tenemos que tener cuidado de cómo difundir”, puntualizó.

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