Sucesos

Vecinos rechazan detención de una profesora y su hijo en Upata

Catalogan el procedimiento realizado por el Cicpc de “arbitrario”. Piden a la juez y la fiscal de la causa que se revise el expediente, o en caso contrario acudirán a instancias nacionales.
martes, 22 febrero 2022
Cortesía | Varios habitantes protestan para pedir justicia

Luego de la aprehensión de D.J. García y su hijo D.E. García en la población de Upata, municipio Piar, por la presunta comercialización de combustible, habitantes continúan expresando su rechazo por el procedimiento y piden la libertad.

Ellos fueron detenidos por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) el martes 15 de febrero, en la comunidad Manuel Carlos Piar. Situación por la que han protestado en la población.

José Lanz, vecino del sector, catalogó el arresto como “arbitrario”, alegando que “no hubo una orden de allanamiento, además no hicieron el llamado de algún vecino como testigo del procedimiento”.

Otro punto que destacó Lanz, fue que funcionarios “ingresaron de manera arbitraria por la parte trasera de la vivienda”, enfatizando que se incurrió en la violación a la propiedad previsto en el artículo 47 del a Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV).

Acotó que en la vivienda solo encontraron 30 litros de gasolina que eran del vehículo, propiedad de la familia, y no 170 litros como lo reseña el expediente. Aunque autoridades en su publicación mencionaron que la incautación fue de 161 litros.

“Esa gasolina la sacaron porque el carro lo iban a llevar a un taller mecánico”, acotó.

Lanz, en representación del resto de los residentes, mencionó que se encuentran “conmovidos por lo sucedido con la familia García” ya que expresa que ellos son “personas honradas y trabajadoras”.

Dijo que la denuncia sobre la supuesta venta de combustible habría sido interpuesta por unos vecinos que tienen poco tiempo residiendo en la zona, por lo que lamentó que una situación personal haya trascendido a un problema legal.

Exhortó a la juez y a la fiscalía que llevan la causa una revisión exhaustiva del expediente, de lo contrario expresó que acudirían a instancias nacionales (Fiscalía General y Tribunal Supremo de Justicia) para pedir que se realice una investigación al poder judicial en Bolívar.

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