TSJ ordena recaptura de dos procesados que recibieron medida sustitutiva
La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) informó la nulidad de la causa FP12-P-2020-003361 que reposa ante el Tribunal Quinto en Funciones de Control de Puerto Ordaz, contra los imputados Marcos Antonio Flores Moreno, Antonio José Briceño Vera y Luis Miguel Vivas Mata, y fue remitida a Caracas bajo sentencia 154, expediente A21-116.
Asimismo, ordenó a la Fiscalía General de la República la asignación de un fiscal para que retome el caso y la recaptura de los dos últimos acusados (Briceño y Vera), luego que durante la realización de la audiencia preliminar, el pasado 1 de agosto, en el Plan de Revolución Judicial les otorgaron una medida cautelar sustitutiva de libertad.
De acuerdo a lo emitido por el magistrado Maikel Moreno, en la audiencia hubo ciertas irregularidades que van contra el debido proceso, entre las que señala que la decisión habría sido solicitada por el diputado Antonio Benavides Torres, quien fue designado como presidente de la comisión.
La sentencia emitida reza que el diputado valiéndose de su posición para “tomar control de la presente audiencia y por cuanto él era la máxima autoridad y se encontraba sobre la autoridad de los tribunales, ministerio público y defensa pública, ordenando un pase a juicio y cambio en la medida de la privativa de libertad”.
También reseña que el tribunal dejó por sentado que la decisión fue firmada tras presuntamente recibir amenazas de los representantes de la comisión.
“Este tribunal deja constancia que en virtud de las constantes amenazas a la libertad personal y judicial por parte de los representantes de la Asamblea Nacional a este juzgado, deja constancia que firmó la correspondiente boleta de libertad de los imputados”
Flores, Briceño y Vera, fueron detenidos el 22 de agosto de 2020 por la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) por su presunta incursión en los delitos de material estratégico, legitimación de capitales y asociación para delinquir, minería ilegal en grado de tentativa y manejo indebido de sustancias peligrosas.
El arresto se hizo en el estacionamiento del Hotel Eurobuilding, en Puerto Ordaz, según lo mencionado en el comunicado del TSJ.
Además, indica que sobre Marcos Flores pesaba una alerta roja.
“Un pase de factura”
Con respecto a esto, el asesor de la Comisión Presidencial para la Revolución Judicial en Bolívar, José Gregorio Beria, catalogó la decisión como “un pase de factura a la comisión”.
A su juicio, los representantes de la comisión “actuaron de conformidad con las facultades emanadas por el presidente de la República, Nicolás Maduro”.
De igual manera, mencionó que se trataría de un “sabotaje” y que las acusaciones se habrían realizado con “actas forjadas” para distorsionar las realidades que estarían ejecutándose en el “poder judicial”.
“El juez mintió con respecto a las presiones. Deberían respetar a la comisión presidencial que cumplió con 90 % de la tarea emanada en la primera fase”, aseveró Beria.
“¿Dónde está el TSJ que vigila los casos donde no se respetan los lapsos procesales? Nos encontramos con detenidos que tenían hasta seis años esperando por la preliminar”, cuestionó.
Beria destacó que además de esa causa, al menos otras siete también fueron remitidas al Área Metropolitana de Caracas, entre las que resaltó el caso Balaguera sentencia 196 expediente A21-117; caso Ferrucci sentencia 112, además del caso Pugas ocurrido en el 2017.
Apuntó también el caso de varios procesados del estado Táchira, que fueron recluidos en el Centro Penitenciario de Oriente o cárcel de El Dorado, y que habrían esperado ocho años para la realización de la audiencia preliminar.
Se espera una segunda fase
El jurista José Gregorio Beria, refirió que se está previsto una segunda fase de la actuación del Plan de Revolución Judicial destinado para los penales. Destacó que en Venezuela han existido tres comisiones de reestructuración del sistema judicial, por lo que señala que esta no es una situación ordinaria.
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