Trabajadoras de Traki denuncian abuso laboral tras ser suspendidas

Tres trabajadoras activas de tiendas Traki, con sede en Puerto Ordaz, denuncian que desde hace un año aproximadamente fueron suspendidas de sus labores de manera “arbitraria”.

Diorbelis Pacheco, Yonatzy Campos e Isbelia Palacios, pertenecientes al departamento de almacén y con varios años de servicio, son las afectadas.

Anderson Castillo, esposo de Diorbelis Pacheco, contó vía telefónica, que todo se dio por la compra de unos leggins y que por ello las acusaron de robo y cambios de precios.

“Las llevaron al cuarto de cámaras y allí les dijeron que estaban robando, cuando no es así porque presentaron la factura de la compra, pero la gerente de turno hizo caso omiso a eso”, declaró.

Mencionó que “días después las llamaron del departamento de recursos humanos y les presentaron una renuncia de mutuo acuerdo, que ni esposa ni sus dos compañeras aceptaron”, precisó.

Añadió que “luego les presentaron una amonestación con suspensión indefinida y tampoco las quisieron firmar. Ellas se fueron a sus puestos de trabajo y de allí las sacaron”. “Desde entonces no han regresado a sus labores, aún cuando en la inspectoría de trabajo les emitió un reenganche con mejoras salariales”, acotó.

“Les han causado un daño moral y emocional” dijo Castillo.

No hubo despido sino una amonestación

Por su parte, Juan Carlos Morillo, director regional de tiendas Traki, enfatizó que “no es la primera amonestación que se les hace a las trabajadoras, no obstante, siguen percibiendo sus salarios”.

Mientras que Antoniella Nigro, representante legal de la empresa, alegó que “en ningún momento se ha generado un despido”.  Incluso reiteró que las trabajadoras aún devengan sus salarios, aunque no del 100 % porque no están asistiendo.

Mencionó que por la situación generada hace un año se les estaba dando una liquidación por mutuo acuerdo, pero ellas no aceptaron.

“En diciembre las tres solicitaron un reenganche, pero no procede, ya que no ha existido un despido. También pidieron un ajuste en el bono de alimentación por 100 dólares, pero la tienda jamás ha cancelado bono en ese monto”, aclaró.

Explicó que lo ocurrido fue porque “ellas no siguieron con el protocolo establecido para que los trabajadores compren mercancías”.

“En ese momento la ropa no se había incluido en el sistema y tampoco en inventario, sin embargo, ellas las sacaron de las cajas y procedieron a facturarlas”, relato Nigro.

Prosiguió diciendo que “además que la estaban comprando sin autorización, las facturaron con el precio de otra mercancía y fue entonces cuando la gerente de facturación se percató de la irregularidad que quedó grabada en videos”.

“Han acudido a denunciar, pero no tienen fundamentos. A ellas no se les ha cercenado sus derechos laborales. Incluso les hemos dicho que pueden sacar su cuenta con otros abogados”, concluyó.

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