Recientes políticas gubernamentales no generan cambios en relación a la violencia en el sur del estado Bolívar

Hace unas semanas, el gobierno apuntó que los gobernadores de cada estado dispondrán “de inmediato” de los recursos provenientes de los yacimientos de oro ubicados al sur del estado Bolívar y destacó que quienes administren mejor los recursos recibirán como premio nuevas minas.

Pero lo qué no se especificó es ¿qué minas serían? ¿Cómo haría eso? Y mucho menos ¿qué haría con aquellas que son dirigidas por pranes? ¿Cuáles son las medidas de seguridad? ¿Qué órgano se encargará de velar por la seguridad de los ciudadanos y de los mineros? Para nadie es un secreto que la mayoría de los yacimientos ubicados al sur del estado Bolívar son controlados por “sindicatos”, grupos armados que mantienen el control de dichas minas de oro.

Desde la implementación del Plan del Arco Minero, aún se desconoce cuántos mineros han sido censados y con cuántos yacimientos cuenta el proyecto, lo cual ha permitido que hechos de violencia ocurridos en la zona no puedan ser documentados oficialmente, como desapariciones y homicidios, de los cuales solo los más sonados, por tratarse de hechos dantescos, han ingresado a las cifras negras de la violencia.

El anuncio no ha generado cambios al sur del estado Bolívar. Por el contrario, el control sigue estando a manos de quienes lo ha estado hace más de 15 años: los grupos armados.

Iniciativas no exitosas
La primera iniciativa fue propuesta por el gobierno nacional para legalizar la minería en el 2003, cuando plantearon el Plan Piar que perseguía incluir a los pequeños mineros en los cinco ejes contemplados en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación.

En julio de 2004 este plan sufrió un cambio de nombre y pasó a denominarse Misión Piar “con el propósito de dignificar la calidad de vida de los pequeños mineros, fomentando el aprovechamiento racional y organizado de los recursos y apegados a la normativa ambiental”. La idea era incentivar otras fuentes de empleo como la agricultura y piscicultura.

Unos años después, en agosto de 2007, apareció el plan de la reconversión minera, que inició con el desalojo de los mineros en la cuenca del Caroní.

El cuarto intento de desalojo de extractores ilegales fue la expropiación de 21 estaciones de servicio y distribuidoras de combustible hace más de cinco años en El Callao, Sifontes, Roscio y Gran Sabana. El gobierno justificó el combate, junto con el Plan Caura, de la minería ilegal.

Y el más reciente es el Arco Minero, con el cual se busca implantar un modelo de “minería ecológica”, con respeto al ambiente, que permita superar la matriz mono productiva y generar una nueva fuente de ingresos para el país.

A raíz de las declaraciones del pasado 29 de octubre, los mineros artesanales del municipio el Callao cerraron la Troncal 10 en señal de protesta. Alegan que las fuerzas del Estado los echan de sus lugares de trabajo o les impiden la entrada. En Tumeremo también se reportan denuncias similares alegando, además, la escasez de combustible.

En el Observatorio Venezolano de Violencia del estado Bolívar (OVV Bolívar) hemos observado que en los múltiples planes relacionados con la minería legal e ilegal que impera en la entidad, las políticas de seguridad para frenar la violencia han sido infructuosas, siendo así, que los municipios más violentos del país en el año 2018 fueron El Callao y Roscio, todos relacionados con dicha actividad. La presencia de crimen organizado y grupos guerrilleros y de una violencia estructural en todo nivel, es un detonante del incremento de la violencia, principalmente de las tasas de homicidio, sin contar con las desapariciones forzadas que no son oficialmente declaradas.

En el 2019, las cifras de violencia no son alentadoras. Puede que la tasa de violencia haya disminuido pero no por reducción de la violencia, sino debido al acceso a la información, limitada por múltiples factores como la misma violencia en la zona, la disminución de medios de comunicación, transporte y algunas políticas de restricción a determinados lugares que impide conocer de hechos violentos acaecidos por disputas internas, ajuste de cuentas, control y dominio del sector.

Desde el OVV Bolívar hacemos un llamado a las autoridades involucradas para que medie el respeto y observancia a los Derechos Fundamentales en cada una de las acciones a emprender. Consideramos imperante que las implicaciones de las decisiones tomadas por el gobierno nacional sean socializadas con la ciudadanía, a fin que el desconocimiento no sea el detonante de conflictividad y desestabilización social.

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