Sucesos

Realizaron asambleas en materia de derechos humanos en centros de reclusión

Tuvieron encuentros con los privados de libertad del Centro de Coordinación Policial Guaiparo y Vizcaíno para escuchar sus demandas principales.
viernes, 26 febrero 2021
Cortesía | Llevarán las propuestas a las autoridades

Dentro del Congreso Bicentenario de los Pueblos, en el municipio Caroní iniciaron asambleas en materia de derechos humanos para recabar datos sobre la situación de los privados de libertad.

Las actividades están encabezadas por el abogado penalista José Gregorio Beria, el también abogado Francisco Natera y el vocero de los privados de libertad, Roberto Antonio Gil.

“El gobierno nacional convocó a organizaciones sociales de base, a los grupos en diversas áreas con el propósito nosotros acompañemos a nuestro pueblo en sus reclamos y podamos transformar las cosas que no están bien”, resaltó Beria.

Las actividades iniciaron el miércoles con una asamblea con los privados de libertad del Centro de Coordinación Policial Guaiparo.

Beria relató que lograron recabar casos de retardo procesal, violación a garantías constitucionales, causas suspendidas y “variedad de violaciones a derechos humanos”.

También se encontraron otros casos como detenciones ilegales y arbitrarias, abusos contra mujeres y niños, hurto en las viviendas.

Este jueves 25 de febrero sostuvieron un encuentro con el frente de abogados revolucionarios, mientras que, este viernes 26 de febrero conversaron con las privadas de libertad en el Centro de Coordinación Policial Vizcaíno.

“Hay mujeres con cuatro años sin juicio, dos embarazas, una recién operada, dos con discapacidad. Nos encontramos con causas en las que violaron garantías al debido proceso”, añadió el abogado.

Beria denunció que ante estos casos, los tribunales de Puerto Ordaz “se han hecho de la vista gorda”.

Presentarán informe

Beria resaltó que con los datos recabados realizarán un informe para ser remitido a la Fiscalía de la República, Ministerio de la Mujer, Tribunal Supremo de Justicia y órganos nacionales de prevención del delito.

“Esa es la tarea que tenemos. Articular con organismos públicos la resolución de situaciones que ameriten intervención de Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo y Política Interior”, añadió.

El informe será presentado en el congreso nacional, que se llevará a cabo el 27 y 28 de febrero, cuando se elevarán las propuestas de los sectores populares.

Esperan que las propuestas sean insertadas en el Plan 200 para “retomar la atención a los sectores más vulnerables y garantizar los derechos fundamentales de la población” entre 2021 a 2030.

“Estamos en la construcción de una data para encausar las garantías y derechos constitucionales de nuestro pueblo (…) Construir un movimiento que garantice el acceso a la justicia a los más débiles y romper con los abusos, la corrupción, la burocracia que cometen los organismos”, cerró.

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