Privativa por presunta estafa con falsas inversiones

El Tribunal 5º de Control del Segundo Circuito Judicial ordenó privativa de libertad para Daniel Iván Maytin Boatsiwain, de 49 años, por su presunta responsabilidad en la estafa con divisas bajo la modalidad de falsas inversiones.

Según se supo, le imputaron cargos por estafa agravada en grado de continuidad y agavillamiento. Le sumaron resistencia a la autoridad, por agredir a funcionarios del Cicpc.

Fuentes judiciales mencionaron que el arresto fue este fin de semana en Alta Vista, y estuvo a cargo de agentes de la Brigada Contra la Delincuencia Organizada de la policía científica.

Resulta que sobre el hombre pesaban unas acusaciones, luego de supuestamente estafar a dos personas con la cantidad de 98 mil dólares.

El relato policial refiere que uno de los afectados entregó 50 mil, para gestionar un negocio con la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), mientras que la otra víctima prestó 48 mil para la aparente reparación a un barco.

Hasta la fecha, de acuerdo con las autoridades, el dinero no es devuelto.

Rechazan decisión

No obstante, tras conocerse la decisión del juzgado, los abogados litigantes Francisco Natera y José Gregorio Beria expresaron su inconformidad.

Los juristas aseveraron que la detención arbitraria e ilegal, así como la privativa de libertad del comerciante Daniel Maytin, “constituye una aberración procesal penal sin ningún fundamento”, debido a que en el expediente “no reposa ni orden de aprehensión ni allanamiento que justifique esa actividad policial”.

Explicaron que las “presuntas víctimas de estafa no tienen cualidad ni razón para ventilar acciones de carácter mercantil por vía penal, según lo establecido en sentencia 1500 de la Sala Constitucional del 3 de agosto, emitida por el Máximo Tribunal y la doctrina del Ministerio Público”.

Por lo que la defensa exige a la jueza que tramita la causa que “actúe apegada a la constitución vigente, respetando los derechos humanos, civiles y políticos de nuestro cliente”.

Asimismo, enfatizan el uso de la arbitrariedad, el abuso de autoridad, el uso de falsos supuestos y positivos para hacer arrestos.

A su vez, solicitan al Fiscal General de la República una investigación acerca del uso de problemas personales o mercantiles para juzgar penalmente a una persona.

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