Piden que indígenas recluidos en centros penitenciarios de Bolívar sean juzgados por sus leyes

Eleonora López, madre de uno de los acusados, en representación del resto de los parientes, señaló que los acusados fueron trasladados desde hace ocho meses aproximadamente hacia los centros penitenciarios en el estado Bolívar.

Mencionó que desde entonces no han tenido razón de ellos, ya que por la escasez de recursos no han podido trasladarse para visitarlos y hacerles entrega de alimentos; situación que los mantiene preocupados.

López refirió que dos de los detenidos permanecen en el Centro Penitenciario de Oriente conocido como cárcel de El Dorado. Entre ellos se encuentra su hijo de 31 años, y otro ciudadano de aproximadamente 60, quien además presenta complicaciones de salud.

Mientras que los otros tres están en el Internado Judicial Vista Hermosa, en Ciudad Bolívar. Mencionó que en este grupo se encuentra un joven llamado Juan Ángel, quien estaría presentando un cuadro de desnutrición.

López cuestionó el traslado de los cinco indígenas (pertenecientes a distintas etnias como Jivi, Piaroa, entre otros) por considerarlo arbitrario.

Dijo que la movilización se dio tras la llegada de la revolución judicial en el estado Amazonas y sin previo aviso de los familiares.

Acotó que supieron del traslado cuando acudieron al centro preventivo de Destacamento de Frontera Nro 63 y del Destacamento Core 9 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), ambos en Puerto Ayacucho, y el personal les informó que sus parientes ya no estaban en el lugar.

“No estamos pidiendo que los liberen, pero sí que los regresen a su tierra para que sean juzgados por las leyes indígenas y podamos darles sus alimentos”, expresó López.

Indicó que han realizado todas las gestiones ante el Ministerio Público (MP) para pedir el retorno de sus familiares; sin embargo, pese a que han consignado la documentación requerida siguen sin respuesta.

De acuerdo a López solo les hace falta el estudio antropológico y ante la falta de un especialista en esa área, no se ha podido concretar. 

Ante ello solicitan al MP que les asigne uno para que se canalicen los papeles correspondientes.

López lamentó lo que está ocurriendo, alegando que se están violando los Derechos Humanos de los indígenas. Hizo énfasis que las autoridades están incurriendo en el artículo 136 de la Lopci (Ley Orgánica de Protección de las Comunidades Indígenas).

“Hacemos responsables a las autoridades gubernamentales de lo que suceda. Solo queremos que nos devuelvan a nuestros muchachos”, concluyó.

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