Pide a la Fiscalía General y al TSJ celeridad a caso de invasiones de terreno y presunta estafa

“Anulación de sentencia, paralización de juicio e investigación y asignación de responsabilidades”, son las peticiones que Amaloa Guerra pide al Fiscal General de la República y al Tribunal Supremo de Justicia, para dar continuidad a los casos de invasión de dos terrenos de su propiedad y por un delito de presunta estafa en perjuicio de ella.

Guerra contó a PRIMICIA que las tres causas judiciales han sido procesadas por la Fiscalía Quinta en materia de Delitos Comunes del primer circuito judicial del estado Bolívar y aunque han introducido las peticiones ya mencionadas no ha recibido respuesta.

Añadió que los casos también han sido expuestos ante la Dirección Nacional de Investigaciones del Ministerio Público debido a las presuntas y “constantes irregularidades y vicios judiciales” que se han presentado, según contó.

Invasión de terreno y apartamento

Guerra relató que en julio de 2006, un terreno de su propiedad ubicado en la calle Alberto Carnevali, sector Santa Fe, en Ciudad Bolívar, fue “invadido por Francisca Herrera Martínez”, luego que esta fusionara los linderos con los de otra propiedad, adueñándose de 950 metros.

En lo mencionado por la denunciante, asegura que Herrera en ese entonces era inquilina del terreno vecino, el cual le fue cedido por la dueña.

Es decir “solo debía tomar posesión de 500 metros que pertenecían a la persona que le alquilaba”.

Sin embargo, a través de un procedimiento, que a su juicio es ilegal, realizado ante la Dirección de Catastro Municipal por Herrera, fusionó de manera inapropiada ambos linderos aun cuando en la Alcaldía reposan copias certificadas que acreditan a Amaloa Guerra como la dueña de los 450 metros restantes que habrían sido invadidos.

Situación que cuenta con tres procedimientos administrativos, desde el 20017, ante la Dirección de Infraestructura, Transporte y Desarrollo Urbano, cuya decisión fue la demolición de construcciones ilegales en terreno ajeno que no se ejecutaron “por amenazas de muerte a funcionarios de la alcaldía”, mencionó Guerra.

Prosiguió diciendo que, debido a esa irregularidad el caso fue denunciado el 24 de abril de 2013 en el Ministerio Público (MP) bajo el expediente MP-163577-2013, no obstante, fue “engavetado”. Retomándose en el 2017 cuando se da inicio al juicio oral por el Tribunal Segundo de Juicio bajo el expediente FP01-P-2017-000354.

Sin embargo, ella asegura que tanto en la audiencia preliminar como el proceso de juicio penal hubo presuntas irregularidades y vicios judiciales que la conllevó a solicitar “la paralización del juicio hasta corregir esos vicios fiscales en acusación del MP”.

Por otro lado, Guerra hizo énfasis también en la invasión de un apartamento de su propiedad por parte de Marilyn del Carmen Alfonso Díaz, quien sería trabajadora del Ministerio Popular Para la Educación.

Sobre esto, mencionó que “lleva seis años solicitando la anulación de la sentencia por violación de las garantías constitucionales contempladas en los artículos 25 y 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y por violación de los Derechos Humanos previsto en el articulo 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el 545 del Código Civil de Venezuela”.

Todo esto luego que la presunta invasora, se apropiara de la propiedad situada en el Conjunto Residencial La Paragua, sector Edelca e incumpliera con tres opciones de compra además de no asistir al proceso de juicio civil por el cual fue citada ante el Tribunal Primero de Juicio cuyo expediente quedó asentado bajo la nomenclatura FP01-P-2014-7360.

Denunció estafa

Finalmente, pidió que se realice una investigación y asignación de responsabilidades por los delitos de presunto estafa pública agravada, simulación de hechos punibles con menores, además de violación de domicilio, hurto de bienes muebles y enseres personales en perjuicio de ella.

Explicó que tras pasar por los dos procesos descritos inicialmente y no poseer una vivienda fija, procedió a alquilar un anexo en una de las viviendas del sector San Rafael. Lugar que habría usado para guardar todas su pertenencias.

No obstante, luego de haber firmado un contrato de arrendamiento supo que ese inmueble estaba en un proceso de juicio. Tras constatar la información en tribunales y confrontar a los presuntos propietarios para que le devolvieran el dinero que ya había cancelado, estos al parecer comenzaron a “perturbarla”.

Y no solo eso, sino que la despojaran de los enseres que había resguardado en el anexo alquilado. Hecho que alega denunció el 23 de abril de 2013 y hasta la fecha no ha sido investigado.

Es por ello que reitera su llamado al Fiscal General y al presidente del Tribunal Supremo de Justicia para que aboquen a la resolución de las tres causas.

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