Sucesos

Penalistas alegan que continúan las irregularidades en el Tribunal Segundo de Puerto Ordaz

En esta oportunidad, los abogados Luis Enrique Aray, Pablo Hernández y Luis Loreto, aseguran que la representante del juzgado incurre en la violación flagrante al derecho a la libertad consagrado en el artículo 44 de la constitución.
miércoles, 16 febrero 2022
Jesús Abinazar | Hace par de días otros juristas expresaron su inconformidad

Abogados penalistas continúan pidiendo la intervención de la Corte de Apelaciones por las irregularidades presentadas en el Tribunal Segundo en Funciones de Control, en Puerto Ordaz.

A juicio de los juristas, Luis Enrique Aray, Pablo Hernández y Luis Loreto, la juez incurre en “violación flagrante al derecho a la libertad consagrado en el artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV)”.

Explicaron que el viernes 11 de febrero se realizó la audiencia de presentación de cinco ciudadanos que fueron aprehendidos por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) por presunto robo, ante el juzgado ya mencionado y la Fiscalía en Flagrancia.

Mencionaron que por los pocos elementos probatorios que inculparon a los procesados, la juez otorgó una medida de libertad plena sin restricciones, tras considerar que no existía delito, ya que la fiscalía tampoco hizo imputación.

Sin embargo, acotaron que horas después el mismo tribunal que ordena la libertad plena emite a solicitud de la fiscalía 15, una orden de aprehensión por necesidad y urgencia.

Decisión que la defensa de los procesados catalogan de “violatorio a la constitución”, ya que -de acuerdo a lo explicado por los expertos en leyes- para la captura por necesidad y urgencia debe haber un peligro de fuga u obstaculización del proceso.

Además, cuestionaron el hecho de que “se libre una orden de aprehensión cuando las personas ya están detenidas”.

Alegan que con las actuaciones del juzgado “ratifican ser cómplices o coautores en el delito de privación ilegítima de libertad en la que incurren funcionarios policiales”.

Los abogados introdujeron un recurso de amparo para que se reconsideren las actuaciones del tribunal ante la causa que reposa en el expediente FP12-P-2022-272.

Instaron a la corte de apelaciones a “tomar cartas en el asunto” y hacer un llamado al juzgado para que “cese esta violación del derecho a la libertad”.

 

 

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