Ordenan juicio para implicados en secuestros y homicidios en San Félix

La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó enjuiciar a un grupo de implicados en casos de secuestros y desaparición forzada de personas en el municipio Caroní.

Entre los señalados están dos funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), uno de la Guardia Nacional Bolivariana, un comerciante y un trabajador.

De acuerdo con información publicada por Últimas Noticias, el grupo y otros cinco ciudadanos fueron acusados por el homicidio de César Manuel Aguillón y Carmelo Ramón Morgado Rangel hace seis años, uno de los cuerpos aún no ha sido hallado.

Víctimas

Aguillón y Morgado viajaron desde Valencia, en el estado Carabobo, hasta el estado Bolívar para vender unos gramos de oro en mayo de 2017.

Harían la transacción en el establecimiento del comerciante acusado, ubicado en el centro de San Félix.

Los foráneos fueron amordazados y maniatados para ser trasladados hasta el puente Angostura, donde fueron asesinados a balazos y sus cuerpos fueron lanzados al río Orinoco. Uno de los cuerpos fue hallado el 1º de mayo de 2017.

Durante el traslado de las víctimas, someterlas y resguardar el sitio donde lanzaron los cadáveres, se sumaron funcionarios de la policía científica, un uniformado de la Policía Municipal de Caroní y un efectivo militar, acompañado de un empleado del comerciante y otros dos pequeños empresarios.

Según la investigación del Ministerio Público, el propietario del negocio donde venderían el oro es el líder de un grupo organizado que lleva a cabo acciones ilegales, como la compra de material aurífero de dudosa procedencia.

Presuntamente, cuando existe algún problema en la transacción, acciona como en el caso del homicidio de dos personas y lanza los cuerpos al río para no dejar rastros.

Irregularidades

El proceso judicial inició en los tribunales del estado Bolívar, sin embargo, el 11 de noviembre de 2021, la Sala Penal del TSJ ordenó que el expediente fuera trasladado a Caracas.

El caso quedó en el Tribunal Sexto de Juicio, el cual condenó a los implicados a diez años de prisión, luego de que admitieron su responsabilidad en dichos hechos.

El Ministerio Público acudió a un recurso pero fue declarado inadmisible por la Corte de Apelaciones de Caracas.

En la Sala Penal anularon el juicio en el que los implicados admitieron los hechos y recibieron la condena, por presunta violación de “principios y garantías procesales de orden público”.

En el expediente, los magistrados identificaron que los cinco sujetos señalados habrían manifestado que no deseaban admitir los hechos, sin embargo, fueron condenados por supuestamente haber confesado la culpabilidad.

Otra de las irregularidades en el caso fue la desestimación de dos delitos: robo de vehículo y asociación para delinquir, aunque los señalados sí admitieron estar incursos en éstos.

Ante las inconsistencias se decretó la nulidad absoluta del juicio, al mismo tiempo se ordenó la convocatoria a las partes para celebrar un juicio oral y público, manteniendo la privativa de libertad para los acusados.

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