Fraudes e invasiones afectan tranquilidad de adultos mayores

Ante la viralización de denuncias de casos para desposeer a adultos mayores de sus bienes, el Ministerio Público se desplegó en un plan de protección para estas víctimas.

Alexis Adarfio, secretario del Adulto Mayor en el estado Bolívar, expresó que han recomendado a las familias que en casos que tenía la Fiscalía en primera instancia, lo comunicaran por el canal directo al fiscal general de la República, Tarek William Saab.

Acotó que en Ciudad Bolívar y en Caroní, donde señaló los casos más graves, las víctimas tuvieron respuesta inmediata.

En el municipio Angostura del Orinoco, fue privado de libertad un hijo que vendió la casa de su padre mientras éste sufría un accidente cerebrovascular (ACV).

Mientras que, en el sector Villa Brasil, en Puerto Ordaz, se le restituyó la vivienda a una adulta mayor tras llevar a cabo las investigaciones de una denuncia por apropiación.

“La Fiscalía tiene otros casos que se han llegado a resolver por conciliación. Nosotros damos las recomendaciones y acompañamos con nuestros abogados”, destacó Adarfio.

Desposesión de bienes

El abogado Miguel Vincenti acotó que los casos han sido expuestos por redes sociales y medios tradicionales, según lo que el Ministerio Público ha evidenciado.

Indicó que el despliegue del Ministerio Público ha sido por casos de adultos mayores víctimas de desposesión de bienes, en su mayoría viviendas, ya sea por familiares directos consanguíneos o por terceros.

Sobre los terceros, aclaró que puede ser “en razón de arrendamiento que con el paso del tiempo se han tornado en contratos totalmente leoninos. Ello en razón de los cánones de arrendamiento que finalmente han terminado pagando algunos, que son montos pírricos”.

Vincenti señaló que en dichos casos debe aplicarse la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores, sancionada en 2021, la cual trae a colación la protección integral de dichos ciudadanos.

“Se aplica por analogía aquello que aplique el derecho penal, entendido este como una forma supletoria de garantizar los derechos de estos adultos”, afirmó.

El abogado apuntó que los casos que se han “viralizado” han sido de fraudes, invasiones, figuras que buscan desposeer a los adultos mayores de sus inmuebles, locales comerciales o viviendas.

En algunas de las denuncias, los casos han llegado a feliz término, con la restitución de dichos bienes a manos de adultos mayores.

Protección integral

Vincenti opinó que el Ministerio Público ha dado una respuesta efectiva ante la denuncia pública a través de redes sociales, lo cual “ha abierto una corriente que lleva a ponerle el foco a estos casos”.

“El Ministerio Público para no verse sobrepasado de su capacidad de respuesta, ha iniciado esa campaña de protección al adulto mayor. De alguna forma se está dando respuesta, pero el Estado a través de sus instituciones ha podido ser un poco más vigilante de esa protección integral que refiere la ley”, declaró.

Lamentó que en algunos de los casos, las víctimas han expuesto que las denuncias han reposado cierto tiempo en los organismos que hasta ahora no habían actuado.

Definió la exposición en redes sociales como una forma de poner en contexto lo que es el deber y las obligaciones del Estado para con los adultos mayores.

“El Estado debe ser siempre el garante de que los derechos y garantías de todas las personas sean respetados y resguardados. Una vez que haya ocurrido una acción que los vulnere, inmediatamente la aplicación de las leyes con la inmediatez que requieren”, enfatizó.

Dar a conocer la ley

Adarfio, durante un taller para adultos mayores en Fundación Armonía, reveló el inicio de un proceso de formación para funcionarios y voceros, con el objetivo de desarrollar la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores (Lopan), para que se aplique “con la misma fuerza” que otras leyes.

“El primer encuentro es con el día a día con los adultos mayores, a dónde acudir cuando una persona siente vulneradas sus garantías, en qué momento lo hacen, qué es competencia de la Fiscalía y qué no”, comentó.

El secretario resaltó que los hijos son responsables de la atención a los adultos mayores, como lo dicta la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Sobre los centros de denuncia, destacó que se puede acudir a los comités de adultos mayores de cada territorio, a las Fiscalías del Ministerio Público o a través del teléfono 0800-3RA EDAD (0800-3723323).

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