Denuncian demolición “ilegal” de un local en construcción
Karen Medina, parlamentaria ejecutiva de la Comuna Eco Turística Embalse Macagua de la UD-300, en el sector Minifincas, Puerto Ordaz, denunció públicamente la demolición “ilegal” de una obra en construcción en el urbanismo.
Medina en respaldo a los parlamentarios Yennis Sifontes, Nelson Rodríguez, Fanny Gutierrez, Yetsenia Rondón, Segundo Hensel y Jenni Paz, alega que la acción realizada se trató de un “atropello y abuso de poder”.
Mencionó que este fin de semana una comisión de funcionarios militares junto a civiles demolieron la construcción propiedad de unos vecinos, que a su juicio “incurrieron en delito ya que no estaban oficiados ni autorizados para ese acto”.
Además añadió que días antes una representante de Regulación Urbana del municipio Caroní, se presentó con una orden de paralización y una ficha catastral con doble titular.
No obstante, la parlamentaria acotó que “ese lote de terrenos en litigio tiene documentos legales emitidos por la CVG Ferrocasa y ya cuenta con la ficha catastral 07-01-01-06-300+306-000-041-001 emitida por la Alcaldía de Caroní.
Desarrollo de economía comunal
Explicó que el terreno fue cedido por Nurvis Del Valle Argon Jiménez a representantes de la comuna para el desarrollo de la economía comunal, por lo que se hizo una asignación a varios vecinos para que se construyeran locales que beneficien a la comunidad.
Precisó que el consejo de planificación es el único facultado para “generar reordenamiento comunal”, tomando en cuenta el orden de prioridades de los habitantes previsto en la Ley Orgánica para las Comunas.
Ante ello, dijo que desde el 2 de febrero se retomó el proceso de legalización de la tenencia de tierra entre el consejo de planificación de la Comuna y CVG Ferrocasa.
Enfatizaron que los vecinos de la UD-300 de la avenida Karonica, han sido víctimas constantes de “atropellos y amedrentamientos” por parte de una funcionaria militar que alega ser la propietaria de la tierras.
Concluyó diciendo que “ponen en duda que el alcalde esté al tanto de lo sucedido por lo que piden a la máxima autoridad regional que haga la revisión del caso e investigue a sus funcionarios”.
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