Defensores y abogados trabajan para velar por los derechos de reclusos

Las 91 reclusas que permanecen en el Centro de Coordinación Policial Ramón Eduardo Vizcaíno, alzaron su voz para pedir a las autoridades judiciales que “volteen su mirada” a la situación penal de cada una de ellas.

El coordinador regional del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Luis Manuel Guevara, señaló que aunque son menos las procesadas en comparación con los hombres, estas mujeres no escapan de la realidad carcelaria.

Destacó que de alguna manera han sido “olvidadas” por el sistema penitenciario nacional.

Emitirán comunicado

Guevara explicó el grupo de abogados de la entidad y defensores de los Derechos Humanos trabajan en un comunicado que tienen previsto hacer llegar al presidente del Circuito Judicial en el estado Bolívar.

Expresó que buscan que la autoridad regional en materia judicial eleve la petición ante el Tribunal Supremo de Justicia y el Poder Ejecutivo, con la finalidad de “flexibilizar los procesos”.

Piden “agilización”, garantizando los protocolos de seguridad, tanto para los procesados como para el personal que integra la fase de audiencias.

No hay garantías de derecho

De acuerdo con el artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, “El Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus Derechos Humanos”.

Para Guevara, en los centros penitenciarios este mandato no se cumple, debido a que las reclusas no cuentan con planes educativos, recreativos, deportivos o de salud, aun cuando le ley establece que “se garantizar el derecho a la salud”.

Explicó que ante la pandemia que azota al mundo, los reclusorios no cuentan con las condiciones óptimas para cumplir con los protocolos de la Organización Mundial del Salud.

En cuanto a la carencia de servicios básicos, expresó que efectivamente las mujeres recluidas en Vizcaíno tienen fallas en el suministro de agua por tuberías y para obtener el líquido deben usar un tobo o tanque con la debida autorización del jefe de la comisaría.

Guevara recordó que en la misma situación, quizás un poco más precaria, se encuentran las detenidas que están en los calabozos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Conas y otros organismos de seguridad.

“Una cárcel improvisada”

El abogado precisó que el estado Bolívar no tiene una cárcel para mujeres, sino que contaba con dos centros de reclusión femenino.

Uno de ellos era el que estaba ubicado en la parroquia Agua Salada, en Ciudad Bolívar. Fuentes policiales mencionaron que hace seis meses fue clausurado y las instalaciones pasaron a manos de la Policía Nacional Bolivariana.

También se supo que las féminas que estaban recluidas en los calabozos fueron trasladadas al Ramón Eduardo Vizcaíno, en San Félix. Guevara acotó que este centro inicialmente era destinado para detenciones preventivas, pero con el pasar de los años se ha ido convirtiendo en una “cárcel”.

Piden “mesas técnicas”

Guevara comentó que 50% de las reclusas han sido procesadas por delitos de drogas. La mayoría ha cumplido su condena, pero ante la paralización de los tribunales de ejecución, sus proceso de libertad “se ven afectados”.

Las mujeres hacen el llamado a las autoridades para que les “garanticen el libre proceso”.

Otro de los puntos que el defensor de los Derechos Humanos recalcó, es que las reas exhortan al Ministerio de Asuntos Penitenciarios a la realización de las mesas técnicas para la solicitud de la redención de pena.

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