Defensa de condenado revela detalles legales del caso Josué Mata

A seis años y ocho meses fue la condena emitida por un Tribunal especializado en Responsabilidad Penal del Niño, Niña y Adolescente, en Puerto Ordaz, para el adolescente de 16 años, tras aceptar su participación en el asesinato de Josué Mata Jiménez, también de 16 años, ocurrido el pasado 16 de noviembre de 2025.

Pero ¿qué más se sabe sobre esta condena? Para conocer los detalles de esta decisión judicial que dejó un vacío en la colectividad guayanesa, desde PRIMICIA conversamos con el abogado Bladimir Martínez, defensa del adolescente sentenciado, quien habló sobre las condiciones de la condena y, además, denunció irregularidades procesales.

El defensor mencionó que el menor fue acusado por el delito de homicidio calificado por motivos fútiles e innobles y agavillamiento en grado de copartícipe; y permanecerá recluido en la Entidad de Atención Juan José Bernal, antiguo Inam, en San Félix, de acuerdo a lo estipulado en la Ley Orgánica de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

Sentencia mediática 

Tras conocerse la decisión del juzgado, una de las interrogantes que surgió entre los usuarios de redes sociales estuvo relacionada con el poco tiempo de condena.

Al respecto, el abogado explicó que el sistema de Responsabilidad Penal del Adolescente (RPA) establece una pena máxima de 10 años por el delito imputado al menor (homicidio calificado por motivos fútiles e innobles y agavillamiento).

No obstante, al acogerse a la admisión de hechos, la condena se reduce a una cuarta parte.

En ese mismo orden, detalló que la decisión de recurrir a la admisión de hechos se trató de una estrategia jurídica ante lo que calificó como un proceso viciado por el “mediatismo” de las redes sociales.

Martínez señaló que el caso estuvo influenciado por la presión social, lo que impidió un juicio objetivo en primera instancia, considerando que ya se había establecido una “sentencia mediática”.

Irregularidades procesales

Asimismo, durante sus declaraciones, el abogado denunció lo que considera unas irregularidades procesales.

En primer punto, enfatizó que, aunque el Ministerio Público imputó homicidio calificado por motivos fútiles e innobles y agavillamiento, las pruebas presentadas carecían de solidez técnica.

A su vez, denunció que su defendido estuvo detenido por 12 días sin ninguna orden de aprehensión y allanamiento a su vivienda.

“A él se le violentaron todos los derechos desde el momento en que se lo llevaron de su casa”, aseveró.

Tres detenidos y uno en fuga

Sobre el resto de los implicados, el abogado sostuvo que desconoce el estatus legal. Sin embargo, advirtió que para ellos, la pena podría alcanzar 30 años, con el agravante del artículo 217 de la Lopnna, que aumenta la sanción entre un tercio y la mitad por el uso de menores para delinquir.

En ese contexto, confirmó que son tres los detenidos, entre ellos su defendido. También señaló que hay un cuarto involucrado que está en fuga.

Desmiente vinculación con drogas

Sobre los hechos, el abogado desmintió que el caso estuviera vinculado con el tráfico de drogas, sino que guardaría relación con problemas personales que surgieron entre la víctima y el sujeto acusado de ser el presunto autor principal del crimen.

“El derecho penal es lógico. Se habla de consumo de sustancias en la acusación, pero nunca se realizaron los exámenes toxicológicos solicitados”, afirmó.

Y del mismo modo, aclaró que el arma de fuego usada en el asesinato pertenecería el presunto autor principal, alegando que la misma terminó en manos de los familiares de este ciudadano que, además, padece de una discapacidad.

Detalló que, de acuerdo a las averiguaciones, el presunto autor principal valiéndose de su armamento habría coaccionado la participación de su defendido “bajo amenaza de muerte”.

 “Si bien es cierto que nuestro representado estuvo en el lugar de los hechos, y que tuvo un grado de participación, jamás fue el que se le imputó y de eso está consciente el Ministerio Público y el tribunal (..)”, cuestionó.

Prosiguió diciendo que “el artículo 62 del Código Orgánico Procesal Penal (Copp) contextualiza que el que obra para salvar su patrimonio o su propia vida es inimputable, es decir, no te anexar ningún tipo de dolo o intencionalidad en los hechos que realices. Entonces si un menor actúa coaccionado por un adulto que tiene un arma de fuego ¿qué puede hacer ese adolescente? Entonces tendríamos que haber abierto una investigación por dos homicidios”.

Expresó que luego del asesinato, el presunto autor principal habría entregado el arma al pariente que está en fuga, posteriormente este se la lleva a otro familiar (trabajador de la empresa CVG Bauxilum) y es quien usa los lockers de la empresa para guardar el armamento.

También señaló que la bicicleta sería propiedad de su defendido, y no de la víctima como se conoció desde el inicio.

No descartan apelación

Finalmente, el abogado señaló que pese a la admisión de hechos, no descartan la posibilidad de acudir ante la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que se haga una revisión ante las inconsistencias del expediente.