Condiciones de reclusos en el estado Bolívar “siguen siendo inhumanas”

El coordinador del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) en el estado Bolívar, Luis Manuel Guevara, recalcó que las condiciones de los más de 3.000 reclusos en los centros penitenciarios de la región, así como de los calabozos policiales preventivos, “siguen siendo inhumanas”.

Enfatizó que las visitas continúan “suspendidas”, situación que genera alarma no solo en los representantes del observatorio sino en los parientes de los detenidos, puesto que la mayoría de los presos son foráneos.

“Hay familiares que acudían cada 15 días o semanal a llevarles alimentos e insumos de limpieza a sus allegados, y esto se ha imposibilitado debido a la falta de combustible y a la restricción de circulación de un estado a otro”, precisó.

Señaló que “el Estado debe ser garante en cuanto al tema alimentación e higiene; sin embargo, no lo cumple”.

Comentó que la “apatía” de los entes gubernamentales, aunado al elevado índice de hacinamiento, hace que los reos se conviertan en una “población vulnerable”, pues no cuentan con las medidas de higienes para evitar el contagio de enfermedades.

Hizo énfasis en los privados del Centro Penitenciario de Oriente, conocido como El Dorado, asegurando “que estos mantienen el consumo de agua no apta para las personas, razón por la que resultan más afectados”.

“No aplican protocolos”

En referencia al tema del coronavirus, expresó que desde que el Ejecutivo nacional declaró el Estado de Emergencias ante la propagación del covid -19, en las prisiones no se han aplicado los protocolos de seguridad emitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

A su vez mencionó que ante la extensión de la cuarentena social y obligatoria, “todavía no se las ha dotado ni de tapabocas, ni guantes”. Tampoco se ha ejecutado el plan de desinfección.

Dijo que inicialmente se había planteado la ejecución de un plan de descongestionamiento en la entidad, sin embargo, “no se ha puesto en marcha”.

“Derechos vulnerados”

Luis Manuel Guevara resaltó que la resolución emitida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) “vulnera el derecho a la defensa, al debido proceso y a la presunción de inocencia”.

Aseguró que ese comunicado “incurre en retardo procesal”, pues un 90 % del sistema judicial está paralizado, lo cual genera “alarma y preocupación”.

Enfatizó que “el Estado está obligado a proteger a los más débiles y a tutelar sus intereses amparados por la Constitución”.

Explicó que solo en Caroní se cuenta con cinco tribunales de control que en sus funciones normales atiende 10 audiencias. También dispone de seis de juicio que lleva a cabo hasta cinco actos al día.

Con la suspensión, al menos unas 2000 audiencias al mes son diferidas.

Plantean soluciones

Guevara finalizó con que desde el OVP mantienen un monitoreo contantes de las cárceles, a su vez que reiteró “un llamado a las autoridades gubernamentales para que solucionen la problemas de los reos”.

En cuanto a la resolución, dijo que buscan plantear soluciones entre las que destaca: la puesta en marcha del plan de descongestionamiento o plan cayapa, además del “uso de plataformas digitales para que se llevan a cabo las audiencias y no se paralice el proceso, salvaguardando la seguridad de os trabajadores”.

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