Colegio de Abogados interpone denuncia en defensa de los DD. HH. de jurista detenida

La junta directiva del Colegio de Abogados de Bolívar, integrada por su presidente Félix Istúriz, Gustavo Caro como secretario y José Gregorio Meignen en calidad de tesorero, interpusieron una denuncia en defensa de los derechos humanos de la abogada Yenny Katiuska Sánchez y Kariluz Santaella, detenidas el pasado julio por funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) por una presunta estafa.

En el documento dirigido al juez rector de la Circunscripción Judicial, el fiscal superior del Ministerio Público, la Fiscalía de Derechos Fundamentales con competencia en materia de Violencia de Género, Defensoría del Pueblo, jefe del Conas y la Comandancia de la Policía del Estado Bolívar, gremialistas piden que se atienda la situación de ambas imputadas.

Además, exigen que “se replantee el proceso y se revalore el principio de la audiencia, jerarquizando tanto la defensa como los derechos en ella contenidos, así como a la igualdad de las partes y demás derechos humanos convertidos en inexistentes en perjuicio de las imputadas”.

Esto, luego de recibir una denuncia verbal por partes de los representantes legales de las detenidas, en la que expresan que se violentaron sus derechos humanos, así como a la defensa.

En lo denunciado ante el gremio, reza que la defensa ha emitido varios documentos ante la Defensoría del Pueblo, Fiscalía Superior y el juez rector pidiendo una revisión de los hechos y a la decisión ordenada por el Juzgado Tercero de Control, pero esto no es tomado en cuenta.

También alegan que el tribunal, durante la audiencia a de presentación realizada el 25 de julio, les ordenó como centro de reclusión la comandancia Ramón Eduardo Vizcaíno, pero las detenidas -supuestamente- fueron internadas nuevamente en el Conas de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Sitio, donde de acuerdo con lo expresado por la parte denunciante y asentado en el expediente FP12-P 2020-3123 presuntamente fueron maltratadas.

De acuerdo con lo plasmado en la denuncia, la jurista Yenny Katiuska Sánchez acudió ante el presidente del Circuito Judicial el 17 de julio para expresarle que era víctima de estafa por parte de un colega a quien identifican como Nelson Carpio y quien le habría dicho -según- que, si entregaba 2500 dólares, abogaría para que un hermano de ella -actualmente detenido- quedará libre.

Posteriormente, Sánchez denunció en la sede del Conas, pero dicha denuncia supuestamente no fue asentada. Sin embargo, días después, específicamente el 23 de julio, la abogada fue abordada en su vivienda por los militares quienes supuestamente bajo engaños se la llevaron, expresándole que los acompañara para ampliar la denuncia.

Una vez en el vehículo le informaron que estaba detenida por extorsión. Según, dentro la unidad estaba Kariluz Santaella, quien funge como funcionaria judicial y la habría enlazado con el abogado Carpio.

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