Sucesos

Codehciu registró 43 ejecuciones extrajudiciales en ocho meses

Los municipios con más casos son Caroní, El Callao y Piar con 16, 11 y 5 muertes.
jueves, 30 junio 2022
Cortesía | Los cuerpos de seguridad ciudadana como GNB y Cicpc son mencionados en el informe

En otro informe de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu), se registra que desde septiembre de 2021 hasta abril de 2022, 43 personas han sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales efectuadas por efectivos policiales y militares en el estado Bolívar.

La organización no gubernamental alerta que estas son muertes “potencialmente ilícitas” e insiste en la importancia de sensibilizar y concientizar a los cuerpos de seguridad ciudadana de la entidad sobre los derechos humanos, el resarcimiento a los familiares de las víctimas y sobre el delito que significa la repetición de tales acciones. 

En el informe se especifica que de las 43 ejecuciones registradas, 32 se han perpetrado en los municipios Caroní, el Callao y Piar, con 16, 11 y 5 muertes. Lo que se traduce en violaciones constantes al derecho a la vida, a la integridad y al debido proceso.

Tres hombres murieron bajo custodia: uno en la cárcel de Vista Hermosa en Ciudad Bolívar y dos en el Centro de Coordinación Policial (CCP) de Guaiparo en San Félix.

A Valerio Monasterio -un recluso de 61 años de edad- se le negó el derecho a la atención médica en la cárcel de Vista Hermosa en octubre de 2021, aun cuando padecía de tuberculosis. El hombre murió a causa de ello.

Monitoreo 

La comisión detalla en su reporte que en ocho meses la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) presuntamente ha realizado 20 ejecuciones ilegales; el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) registra seis; el Servicio de Investigación Penal del estado Bolívar (Sipeb) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) tienen tres casos cada uno durante el mismo periodo.

Codehciu expone en su informe que la mayoría de las ejecuciones extrajudiciales no trascienden a la prensa debido a que el Estado no da acceso a cifras oficiales. También se presume que no existe una disminución real de estos casos y que los entes competentes no han aplicado medidas recomendadas por organismos multilaterales para evitar estos hechos.

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