Sucesos

Codehciu: Bolívar registró 208 muertes potencialmente ilícitas en el 2020

En un informe presentado por la ONG indican que la mayoría de los casos están vinculados a “ejecuciones extrajudiciales”.
jueves, 25 febrero 2021
Archivo PRIMICIA | Caroní encabeza las estadísticas

En un informe presentado por la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu), indican que en Bolívar durante el 2020 se registraron “208 muertes potencialmente ilícitas”, de las cuales 185 están vinculadas a presuntas ejecuciones extrajudiciales.

Acotaron que el resto de los casos que contabilizan 23 “se trataron de personas privadas de libertad” que fallecieron en resguardo de los funcionarios.

Precisaron que el municipio Caroní ocupa el primer lugar con una totalidad de 103 muertes, seguido de Angostura del Orinoco con 47 y Sifontes con 20.

Asimismo, enfatizaron que según los datos anuales por organismos de seguridad actuante “el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) registró 61 casos; las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) con 33; Guardia Nacional Bolivariana (GNB) con 17 y la Policía del Estado Bolívar (PEB) con 14”.

A juicio de la ONG, estas cifras demuestran que se continúan con “las violaciones a los derechos humanos y las arbitrariedades por parte de funcionarios de seguridad”, y que va en detrimento a lo expuesto en el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

“De toda muerte potencialmente ilícita (…) la muerte puede haber sido causada por actos u omisiones del Estado, de sus órganos o agentes” o atribuible a este en violación de su “obligación de respetar el derecho a la vida”, reza el informe de Codehciu.

Explican que “esto incluye toda muerte causada por funcionarios de las fuerzas del orden, por grupos paramilitares, o escuadrones de la muerte sospechosos de actuar bajo la dirección o consentimiento del Estado, así como aquellas en que la persona haya estado detenida o se encontraba bajo custodia del Estado, sus órganos o agentes”.

Reiteraron que “el Estado está obligado a investigar toda muerte ocurrida en circunstancias sospechosas, aun cuando no se denuncie”.

Es por ello que Codehciu recomienda “al Estado venezolano el desarrollo de una política de formación a los integrantes de los cuerpos de seguridad”.

“Exhortan a que se garantice la vida de las personas que se encuentran en condición de detenidos, y a que realice las debidas investigaciones, imparciales y eficaces, que permitan ubicar y castigar a los responsables de estas muertes ilícitas en el estado Bolívar”, concluyeron.

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