Codehciu: 26 desapariciones fueron reportadas en el 2021
La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu), reportó 26 desapariciones en zonas mineras del estado Bolívar durante el 2021.
De acuerdo al balance, solo han aparecido un 27 % mientras que un 76 % de las personas reportadas como desaparecidas no han vuelto a casa.
Según monitoreo, el municipio Sifontes registra 10 casos, ocupando el mayor número de desaparecidos seguido de El Callao, con 4 y Sucre con 3
Mientras que General Manuel Cedeño y Gran Sabana registran la misma cifra: 2. Finalmente está Angostura del Orinoco con 1.
La ONG resalta el hecho de que familiares de los desaparecidos “no reciben apoyo de las autoridades”.
También enfatiza que la mayoría de los familiares prefieren emprender la búsqueda por medios propios a través de las redes sociales o medios de comunicación por la desconfianza a los organismos de seguridad.
Se desplazan en busca de sustento
Destacan que el desplazamiento de los mineros, comerciantes informales e indígenas hacia esas zonas se da -mayormente- por la búsqueda del sustento ante la crisis económica que ha representado el factor principal de las precarias condiciones de vida de los ciudadanos.
Subrayan que las desapariciones forzadas se volvieron frecuentes desde el 2016 con la implementación de la Zona de Desarrollo Estratégico del arco minero del Orinoco.
Añadieron que con la creación de este proyecto hubo las instalaciones de distintas empresas y plantas procesadoras de oro, y con ella la presencia de grupos armados que controlan la producción de la minería ilegal
Señalan que los casos de desapariciones se dan porque “les quitan los teléfonos, por falta de señal o en el peor de los casos integrantes de los sindicatos les prohíben la comunicación”.
No hay garantías políticas
Codehciu menciona que, entre el 2012 hasta el 2021, se han realizado unos 175 reportes de desaparecidos, además reitera que “el Estado no ha implementado políticas que garanticen la búsqueda en vida de estas personas”.
Refirió Convención Internacional para la Protección de todas las personas contras las desapariciones forzadas
Ratificó la Convención Contra La Tortura y Otros Tratos Crueles o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas.
Limbo jurídico
De acuerdo a la ONG, “las víctimas enfrentan un limbo jurídico”, esto debido a que consideran que en el país no hay leyes “para abordar los procesos de investigación, seguimiento y conflicto minero. Sus familiares están solos”.
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