Ceballos confirmó que directores de penales intervenidos están siendo investigados

Una de las cosas que más impresionó al ministro Remigio Ceballos durante la toma de las siete cárceles fue el centro comercial que estaban levantando dentro del Internado Judicial de Bolívar, ubicado en la urbanización Vista Hermosa.

Ceballos viene de dirigir la Operación Gran Cacique Guaicaipuro que le permitió al Gobierno recuperar el control de siete establecimientos penitenciarios (de 87) que andaban por su cuenta, gobernados por estructuras delictivas poseedoras de cohetes antitanque, granadas, municiones, fusiles, subametralladoras, call center para extorsionar, armas con miras telescópicas y hasta máquinas de minería como las encontradas en el Centro Penitenciario de Aragua.

De raticos dormía el ministro Ceballos durante esa campaña de 50 días que lo llevó por Tocorón (Aragua), Tocuyito (Carabobo), Puente Ayala (Barcelona, Anzoátegui), La Pica (Maturín, Monagas), Vista Hermosa (Ciudad Bolívar), Trujillo y San Felipe (Yaracuy).

En esta entrevista, el también Vicepresidente Sectorial de Seguridad Ciudadana reveló la cantidad de armamento que hallaron en las profundidades de esas cárceles y qué funcionarios permitieron su ingreso, cómo aplicaron la fuerza para someter a los denominados pranes y cuál de ellos se resistió.

Sobre el destino de los 8.261 privados de libertad trasladados desde esas siete cárceles habló también el ministro, porque precisamente la entrevista transcurrió en su despacho luego de reunirse con operadores claves del Sistema de Justicia como el defensor público general (Daniel Ramírez) y la presidenta de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (Elsa Gómez), entre otros participantes.

—¿Cómo llegaron a ese 100 % de control?; ¿negociaron con los denominados pranes?

—Fue una operación planificada desde hace dos años. Es una orden precisa del presidente, quien siempre indicó que procediéramos a instalar bajo régimen penitenciario a todos los privados de libertad a nivel nacional, haciendo énfasis en estos siete centros que tuvieron un largo tiempo con unas estructuras criminales que tenían una incidencia delictiva sobre la población.

—¿De esas siete cárceles tomadas, ¿cuál la más difícil de abordar?

—La de Tocorón, Tocuyito y La Pica fueron unos centros complicados, bien complicados. Pero logramos resolver, gracias a la pericia en materia de intervención en ese tipo de acción, de nuestra Policía Nacional Bolivariana y nuestra Guardia Nacional Bolivariana, que tiene la responsabilidad directa del resguardo de los centros penitenciarios.

—¿En esas intervenciones se empleó persuasión, negociación o la fuerza?

—Todos los mecanismos que están planteados en los protocolos de actuación para los centros penitenciarios. Nosotros inmediatamente aplicamos la fuerza. Y al iniciar con la fuerza y la intervención, se comienzan a desarrollar una serie de procesos como en toda acción policial, militar; hay momentos de hacer altos, de conversar y de someter a quienes no se quieren poner a orden de la justicia, a quienes se niegan en momento determinado a ceder y apalancados en nuestra Constitución actuamos siempre en garantía de los derechos humanos.

—La negociación para la toma de esas cárceles fue en esa dirección.

—Cuando ocurre un secuestro y la persona tiene capturado a algunos ciudadanos contra su voluntad, cuando llegan los cuerpos policiales hay un negociador, una persona que habla con el que no quiere ceder. Y esta persona le advierte que está fuera de la Constitución y tiene que entregar esto aquí. Ese es un proceso que se va llevando de una manera muy inteligente, contundente.

—Ustedes observaron que estos sujetos pudieron haber usado ese lote de armas que luego fueron incautados.

—La amenaza que nosotros vimos allí, precisamente una gran cantidad de armas. Nos estábamos enfrentando a grupos criminales que estaban armados.

—Estos sujetos que estaban al frente de esas cárceles, han dicho por qué ellos tenían esas armas acumuladas.

—Todo eso es parte de las investigaciones que estamos llevando. Estamos ampliando esa investigación, en su momento haremos saber toda vinculación que pueda haber con otras personas. Es un proceso que nos va diciendo cómo funcionaban esas estructuras que están ya desmanteladas. Eso es lo más importante. Esas estructuras que se autodenominaban pranato, inclusive, existían con un nombre, Tren de Aragua, ya eso no existe.

—¿Y no pudiera darse el caso que las células aliadas de esas estructuras se fortalezcan, toda vez que sus jefes están reducidos?

—Ah bueno que el delito puede mutar, si va a mutar y nosotros lo sabemos, nos estamos preparando para ello y estamos ampliando nuestra organización, nuestras capacidades tecnológicas, nuestras capacidades de información y de inteligencia para avanzar y ser garantes de la protección del pueblo.

—¿Quedan o existen células conectadas con esas estructuras delictivas ya desmanteladas como usted dice?

—Si hubo en un momento determinado una interconexión de grupos criminales trasnacionales, ha sido totalmente desmantelado.

—Algunos medios de la región informan sobre detenciones de presuntos integrantes del Tren de Aragua.

—Pudieran quedar personas, que fueron criminales, operaban en Venezuela y se fueron del país, por todo ese tema promovido desde la oposición violenta…bueno, el criminal se fue a delinquir a otros países. De hecho cada vez que a un delincuente lo capturan fuera dicen que es del Tren de Aragua, lo cual es totalmente falso.

—¿Han cotejado esos nombres de capturados fuera con integrantes de bandas criminales criollas?

—Estuvimos viendo unas listas de capturados en Perú y ninguno de esos individuos estaba solicitado en Venezuela por pertenecer a una banda criminal.

—¿Entonces a qué obedece esa insistencia de algunos medios en presentar a esos criminales como integrantes de megabandas venezolanas?

—La estrategia que tenía la oposición violenta en Venezuela, para tratar de tomar el poder por la fuerza, era precisamente avanzar desde los centros penitenciarios y generar desde allí una sublevación contra el orden constitucional, contra la paz, contra la tranquilidad del pueblo venezolano. Además, desde esas cárceles se cometían delitos que afectaban a las poblaciones circundantes a ellos.

—¿Todos los denominados pranes que controlaban esos parques de armas fueron capturados?

—Hemos capturado a todas las personas que estaban a cargo de esos centros penitenciarios. Están presos todos.

—¿Dónde están recluidos?

—El sitio de reclusión es materia del Ministerio Público. Nosotros los capturamos y eso ahora es una materia de investigación penal. Es un proceso de investigación donde vamos obteniendo información de todas estas personas que dirigían todas estas mafias carcelarias. Nosotros hemos restablecido el orden para avanzar, donde los privados de libertad puedan hacer redenciones y puedan retornar a la sociedad.

—Se escaparon dos: Héctor Guerrero Flores (Niño Guerrero) y Josué Santana (El Santanita) que operaban desde Tocorón. ¿Estarán todavía en Venezuela?

—Los dos que eran principales allí en Tocorón; pero tenemos una búsqueda permanente. La Operación Gran Cacique Guaicaipuro no ha finalizado, está en una fase de búsqueda, de despliegue a nivel nacional. Estamos en contacto permanente con las autoridades policiales de nuestros vecinos, están todos en alertas, pendientes.

—Estos sujetos poseían un lote de armas, no solo en Tocorón, sino en las otras cárceles. ¿Cuál es el balance definitivo de lo incautado?

—El parte general es 178 fusiles, armas largas, 428 pistolas, armas cortas, 862 armas blancas, 537 artefactos explosivos, 46 granadas, 17 artefactos lagrimógenos, 591 cargadores, 399 mil municiones, 45 kilos de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, 229 celulares. Pudimos observar la destrucción de muchos celulares cuando hacíamos las aproximaciones a las cárceles.

—¿Cuál es el destino de ese armamento incautado?

—Todas estas armas pasan a la Dirección de Armas y Explosivos de la Fuerza Armada. Aquellas armas operativas, una vez elaborado todos los protocolos respectivos, pasan a orden de la fuerza pública. Y aquellas armas que son inservibles, serán destruidas con otro lote de armas que se han venido incautando a diario, incautamos armas a diario.

—¿De dónde proceden esas armas?

—80 % de todas estas armas vienen de Colombia. Precisamente hoy (jueves) comenzó una reunión binacional entre Venezuela y Colombia, para el combate contra el delito trasnacional, porque el delito es en ambas direcciones y tenemos que combatirlo. Nuestro Presidente, como jefe de Estado, nos da líneas permanentes de combate contra estos grupos criminales.

—Hemos visto que han imputado a los directivos de las cárceles de Yaracuy y Tocorón por presuntamente permitir el ingreso de armas a esos establecimientos. ¿Y de las restantes cinco cárceles?

—También están sometidos a investigaciones. Eso está en manos del Ministerio Público.

—Vuelvo al Niño Guerrero y El Santanita. ¿Algún resultado de la búsqueda de estos sujetos?

—Ese mismo día en Tocorón, cuando se hizo la intervención y descubrimos la fuga, inmediatamente solicitamos a Interpol la Alerta Roja de su búsqueda. Y los otros países también se unieron. Es decir, hay una coordinación policial internacional, porque cualquier persona puede salir del país.

—¿Ese plan de violencia que usted ha descrito era coordinado por esos denominados pranes o tenían una coordinación desde fuera?

—Tenemos elementos suficientes para determinar que había, en alguno de estos centros carcelarios, una interconexión, para en momento determinado activar un plan de violencia. Tenemos elementos de interés criminalístico que nos dicen que algunos de estos individuos se comunicaban. Tenemos pruebas telefónicas que nos dan todas esa información.

—¿En esas pruebas salen a relucir conversaciones entre esos llamados pranes y funcionarios que laboraban en esas cárceles?

—Tenemos funcionarios detenidos que de alguna manera cometieron hechos, bien sea de manera intencional o de manera culposa, por negligencia, por descuido. Estamos en un proceso de verificación. Esto va a ampliarse.

—¿Han detectado alguna vinculación del Sistema de Justicia de Aragua con esa estructura que funcionaba dentro de la cárcel de Tocorón?

—La Comisión Presidencial para la Revolución Judicial que ha venido avanzando en la revisión de las causas en los centros penitenciarios…eso llevó como consecuencia la detención de algunos funcionarios. El Estado está actuando. Vengo precisamente ahorita de una reunión donde estaba la magistrada Elsa Gómez, presidenta de la Sala Penal; también el defensor público general, Daniel Ramírez, el diputado Julio García Zerpa, de la comisión de Política Interior.

—¿Qué se habló en esa reunión?

—Se habló de estos 8 mil privados de libertad trasladados. La idea es que se atiendan inmediatamente, porque tienen sus causas en otros estados. Vamos a poner orden en eso de una vez.

—Es decir, viene una gran cayapa judicial para atender a esos 8 mil privados de libertad.

—Una gran jornada de atención a todos los casos de estos ciudadanos; inmediatamente vamos a eso. Además de que hemos avanzado de una manera brutal; por eso digo que todas esas organizaciones no gubernamentales son mentirosas y cometen delitos cuando dicen mentiras. Si nosotros quisiéramos abrirle un caso a alguien por responsabilidad civil, penal, lo pudiéramos hacer, pero no nos interesan sus provocaciones, nos interesa es la dignidad, el respeto profundo de los derechos humanos.

—Ministro este año desmantelaron un campamento del narcotráfico en La Pica, donde está asentado el Internado Judicial. ¿Tiene alguna vinculación la estructura delictiva que operaba en esa cárcel con grupos del narcotráfico?

—Sí, totalmente. Recientemente hicimos una captura importante de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Hemos venido descubriendo que habían unas redes, interconectadas de toda esa droga que viene de Colombia. De hecho llevamos una investigación actualmente con las autoridades colombianos; porque toda esta droga viene de Colombia y tratan de usar el territorio venezolano como puente y afectar nuestra población. Ahora te puedo decir que tenemos un combate permanente contra el narcotráfico, hemos superado en 18% las incautaciones con relación al 2022.

—Usted ha hablado del reimpulso del sistema penitenciario.

—El sistema penitenciario va a un reimpulso con los temas de salud, trabajo, higiene, alimentación, formación, de dotación, orden cerrado, el tema religioso y los temas de clasificación, redenciones por trabajo, estudio para que les puedan conmutar la pena a los reclusos.

—Suponemos que ustedes ya tienen una idea de cómo están retardados los procesos penales de esos 8 mil privados de libertad que estaban en cárceles no controladas; así como de la población reclusa en general.

—Ya el Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio Público tienen control sobre todos los casos. Ahora estamos avanzando en la atención a todos esos privados de libertad a través de la Comisión Especial para la Revolución Judicial. Ya hay un sistema de control sobre el estatus de los reclusos.

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