Caso Vista Hermosa: Un largo camino para esclarecer una masacre
Tras 18 años de la masacre ocurrida en el Internado Judicial de Ciudad Bolívar, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) presentó un informe sobre el caso.
Los hechos ocurrieron el 10 de noviembre del año 2003, en el recinto conocido como cárcel de Vista Hermosa.
El caso comenzó en 2005 y finalizó en 2020 con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Carolina Girón, directora de OVP, resaltó la labor del abogado Humberto Prado quien estuvo junto a las víctimas, y a pesar de las amenazas no dejó de ser tenaz y constante para llevar el caso a instancias internacionales.
La directora de OVP, a través de una presentación en la plataforma Zoom el sábado 29 de enero, reconoció también a Luis Manuel Guevara, coordinador de la organización en el estado Bolívar por ayudar en el caso.
“Son muchas las personas que pasaron por OVP, un equipo de trabajo que se trasladaba hasta el estado Bolívar, para estar al lado de las víctimas, en tribunales y acompañar a los internos”, relató Prado.
Testimonio
Prado, quien fue fundador del OVP, resaltó que desde hace tiempo les mencionaron a las víctimas que el suceso se resolvería en la CIDH.
“Se trata de un caso donde fueron asesinadas siete personas de manos de oficiales de la Guardia Nacional con funcionarios de la dirección de prisiones en ese momento”, recordó el director del Observatorio Latinoamericano y del Caribe de Prisiones (Olacp).
El fundador de OVP acotó que la primera versión de las autoridades fue que hubo un motín en la cárcel de Vista Hermosa, donde los presos se habrían enfrentado entre ellos por el control del establecimiento.
Al trasladarse a Ciudad Bolívar, hablar con los familiares y poder entrar al penal de Ciudad Bolívar a conversar con los internos, les dijeron “el cuento como fue”.
En una carta, les relataron que todo comenzó el día lunes 10 de noviembre de 2003, a las 6:30 de la mañana, “específicamente la hora cuando toda la población esperaba el pase de números reglamentario”.
Sin motivos, funcionarios de la Guardia Nacional y vigilantes internos entraron a las instalaciones de la cárcel de Vista Hermosa disparando armas de fuego en contra de la población reclusa.
De acuerdo a la carta leída por Prado, disparaban ametralladoras, fusiles, escopetas y revólveres de diferentes calibres.
Los presos corrieron en búsqueda de sitios de refugio para resguardar sus vidas. Los funcionarios sacaron a toda la población al campo de béisbol del penal.
“Nos pegaron contra la pared, desnudos y empezaron a masacrarnos salvajemente, nos golpearon con todo lo que encontraron, aparte de peinillas, nos golpearon con palos, bates tubos, con los pies, con las escopetas”, citó Prado.
Tras la salvaje golpiza, toda la población se encontraba adolorida. Luego, los voceros y supuestos líderes de la planta, junto a unos detenidos por el homicidio de un Guardia Nacional fueron apartados del grupo y les dispararon “a mansalva”.
“Para sacar a los occisos metieron un vehículo dentro del establecimiento, algo que nunca se había hecho, donde metieron los cadáveres para que nadie se diera cuenta de lo que estaba sucediendo”, afirmaron.
Investigación
El director del Olacp recordó que las víctimas en la carta hicieron responsables del aberrante hecho al director del Internado Judicial de Ciudad Bolívar, a tres oficiales, un capitán y dos subtenientes de la Guardia Nacional y a cuatro vigilantes del recinto.
Prado salió del Internado Judicial a declarar a los medios de comunicación que no se trataba de un motín como decían las autoridades, sino que hubo una ejecución internamente en el establecimiento carcelario.
El general Freddy Betancourt Nieves, comandante regional nº 8 de la Guardia Nacional en el estado Bolívar, retó a cualquier organización en Venezuela y el mundo, “a demostrar que sí hubo una masacre en la cárcel de Vista Hermosa”.
Asimismo, advirtió que cuando culminaran las investigaciones debían asumir la responsabilidad ante esta “campaña de descrédito que han montado contra la Guardia Nacional”.
“No vamos a rasgarnos las vestiduras por asesinos, traficantes de drogas, ladrones y lacras de la comunidad a quien nadie quiere, no vamos a embasurarnos con algo que no vale la pena y que representan seres tan insignificantes”, dijo.
Luego de las declaraciones, inició el acompañamiento a las víctimas pidiendo diferentes acciones, y la organización empezó a investigar.
Prado comentó que todas las personas que fueron asesinadas actuaron como voceros en una huelga de hambre que tenía 15 días, que los internos habían realizado solicitando mejor alimentación.
“Solicitaban garantía judicial, que se respeten los derechos humanos de los familiares en las requisas, que haya por lo menos un tratamiento digno a la población reclusa”, apuntó.
Dichas solicitudes trajeron como consecuencia que se cumplieran las amenazas de un funcionario de la Guardia Nacional contra los voceros de la huelga, porque después “fue por cada uno de ellos y los ejecutó”.
Las personas ejecutadas fueron identificadas como Orlando Edgardo Olivares Muñoz, Joel Ronaldy Reyes Nava, Orangel José Figueroa, Héctor Javier Muñoz Valerio, Pedro Ramón López Chaurán, José Gregorio Bolívar Corro y Richard Alexis Núñez Palma.
Presión e insistencia
Juan Carlos Gutíérrez, quien es el actual presidente del Instituto de Derechos Humanos de Asociación Mundial de Juristas, fue el abogado representante de las víctimas de la masacre de Vista Hermosa.
El abogado definió el caso como un largo camino de más de 18 años en exigencia de justicia por unos graves crímenes que habían sido cometidos.
Gutiérrez contó que cuando Prado llegó al despacho en Caracas pidiendo una reunión para la revisión de la masacre, ya había sido difundida en los medios de comunicación social a nivel regional, nacional e internacional.
Resaltó que se manejó doble información: la oficial, de que se había producido un enfrentamiento entre presos; pero paralelamente familiares y organizaciones estaban asomando la posibilidad de que en esos crímenes participaron funcionarios militares.
“En primer término me causó muchísima impresión, no solo la naturaleza de los crímenes, la forma de su ejecución, la numerosidad de las víctimas que se produjeron en ese lamentable hecho”, indicó.
Acotó que el OVP, con Humberto Prado a la cabeza, recabó un grupo importante de documentos y testimonios de no solo las víctimas que sobrevivieron sino de otros presos que fueron testigos presenciales de la masacre.
También había documentos escritos por familiares de las víctimas, pruebas que le daban verosimilitud al hecho, viabilidad y fortaleza al caso ante la Fiscalía.
Según Gutiérrez, a la Fiscalía no le quedó más remedio que seguir adelante con la investigación tras recibir el conglomerado de pruebas que había reunido el OVP.
“Uno de los aspectos fundamentales en este caso es que gracias a la presión e insistencia de la familia y el trabajo de la organización, se logró la práctica de una exhumación”, destacó.
El abogado declaró que hubo un protocolo de autopsia previo con muchas debilidades y contradicciones, lo que generó que la Fiscalía ordenara la realización de una exhumación.
Gutiérrez recordó que los cadáveres de las víctimas fueron exhumados y sometidos a un análisis exhaustivo por parte de una anatomopatólogo forense de la policía venezolana.
“Eso trajo como consecuencia que se hiciera un dictamen pericial muy contundente y exhaustivo que nos permitió conectar la verdad obtenida en los hallazgos de los testimonios de víctimas, testigos presenciales y familiares”, aseguró.
Precisó que el análisis develó aspectos como disparos a corta distancia, características de tatuajes verdaderos y falsos, trayectorias balísticas descendentes, fracturas y lesiones pre mórtem.
Esa serie de elementos e información de naturaleza criminalística confirmaban y ratificaban la versión que había sido recabada por el OVP.
Lograron que continuaran las investigaciones y se individualizaran a los autores de la perpetración de esa masacre, para quienes pidieron órdenes de aprehensión.
“Recuerdo que hubo una batalla legal muy fuerte en la corte de apelaciones en el estado Bolívar, que culminó finalmente con una orden en contra de los posibles responsables de este hecho, eso fue el segundo éxito del OVP”, reiteró.
El proceso inició, la fiscalía del Ministerio Público presentó una acusación formal en contra de los autores y el OVP presentó una querella acompañada por las víctimas y el cúmulo probatorio.
Violaciones
Gutiérrez indicó que desde el punto de vista legal hubo violaciones graves al debido proceso y se desconoció el peritaje fundamental que permitía conectar a las víctimas con el derecho de acceso a la verdad.
Acerca de la labor de OVP, resaltó que fue un trabajo bien diseñado e incesante. “La organización fue contundente, vehemente e incesante en la búsqueda de la verdad en instancias nacionales y ahora internacionales”, agregó.
El abogado mencionó que la sentencia de la CIDH es un premio a la constancia, de que existen herramientas internacionales que deben ejecutarse cuando existe impunidad en el país.
“No hubo justicia en Venezuela, el sistema de justicia generó impunidad pero el trabajo de las víctimas, de una organización no gubernamental, que no desmayaron en lograr un resultado conectado con la verdad, con la justicia internacional”, recalcó.
Reiteró la confianza en la defensa de los derechos humanos y de construir los casos, de pensar que la pérdida de una batalla no implica la pérdida total de un caso.
“Este trabajo sirve de modelo de actividad para otros casos que lamentablemente se han producido en el país (…) si no existe justicia a nivel nacional, pues debe imponerse la justicia internacional”, agregó.
Ante la CIDH
La abogada especialista en derechos humanos, María Daniela Rivero, fue la encargada por OVP de llevar el caso Vista Hermosa a la CIDH.
“Yo ya he litigado casos sobre Venezuela ante la Corte, pero nunca había litigado un caso con tantas víctimas, una masacre como le llamamos, con siete muertos y 27 heridos. Eso tenía una complejidad llevar un caso así a la CIDH”, relató.
Rivero apuntó que la tramitación comenzó en el 2019 y fueron convocados a audiencia para marzo de 2020.
El proceso inició con el envío de un escrito autónomo de las víctimas, en el que exponen todos los derechos que creen que fueron violados, de acuerdo a lo que la comisión haya investigado como los derechos relacionados con el caso.
Una de las preocupaciones principales es que había pasado mucho tiempo, por lo cual Rivero se dio a la tarea de iniciar las entrevistas para buscar la reconstrucción de algunos detalles que se habían perdido en el camino.
“Tuvimos la oportunidad de tener buenos peritajes, ahí teníamos una prueba muy contundente pero necesitábamos encontrar más víctimas y mandamos un escrito completo a la Corte en los tiempos que eran”, apuntó.
La respuesta del Estado venezolano fue aceptar su responsabilidad parcial en los hechos, en parte por la falta de investigación profunda pero aunque tenían a unos culpables afirmaron que no podían ser enjuiciados nuevamente.
La CIDH valoró el reconocimiento de responsabilidad del Estado. Luego de la parte escrita, fueron llamados a audiencia Lorenza, una de las esposas de las víctimas, además de la especialista que hizo el peritaje.
La audiencia fue pautada para el 16 de marzo de 2020 pero la pandemia por covid-19 se interpuso en el proceso.
“La CIDH había suspendido las audiencias, le dio más suspenso a un litigio que había tenido 16 años”, acotó Rivero.
La pandemia de coronavirus no mejoraba y en julio de ese mismo año, la Corte decidió convocar a que todos los testimonios se dieran por escrito.
“Cuando dicen que no van a convocar audiencia en este caso, creo que nos sentimos como desilusionados. Lorenza había pasado tanto tiempo esperando este gran momento”, lamentó.
La abogada resaltó que siguieron insistiendo en que se diera la declaración directamente a los jueces y no por escrito, por lo que apelaron la resolución de la CIDH.
Investigaron otros casos a ver si la Corte era capaz de recibir de otra manera los testimonios, que no fuera en la sede y se aceptó la plataforma Zoom, por primera vez en la historia.
“Llegó el día, Lorenza tuvo una declaración muy bonita, muy sentida sobre lo que le pasó, estaban los jueces, la constitución del tribunal en pleno, tuvimos otro problema que el Estado decidió no acudir a esa declaración que se realizó por medio de Zoom”, acotó.
De acuerdo con Rivero, aunque el Estado venezolano participó en el proceso y reconoció su responsabilidad internacional, indicaron que la declaración online no estaba en el reglamento y se negaron a convalidar dicho aspecto.
“El Estado se quejó pero la CIDH tiene todos los medios para recabar la información. La Corte tiene la capacidad de decidir cómo recabar la información, si es ir al país, o en ese momento de la pandemia hacerlo mediante una conferencia”, afirmó.
Destacó que estuvieron felices tras la declaración, la cual hizo sentirse reparada a Lorenza como parte de las víctimas.
La sentencia se dio en noviembre de 2020 y recoge los argumentos que había realizado el OVP en el litigio nacional, que no se trataba de un motín sino un ajusticiamiento.
“Fueron ejecuciones extrajudiciales porque hubo un empleo de la fuerza desproporcionado, que en la investigación faltó la debida diligencia (…) Y que los hechos no han sido esclarecidos, por eso no se han sancionado a los responsables ni reparado a las víctimas”, dijo.
La sentencia del CIDH constituye una forma de reparación, por lo que ordenó medidas como la obligación de investigar.
“El Estado deberá reiniciar, con la debida diligencia, la investigación y proceso penal que corresponda por los hechos ocurridos en la cárcel de Vista Hermosa el 10 de noviembre de 2003, para determinar, juzgar y sancionar a los responsables de tales hechos”, estableció.
De igual forma, la CIDH sentenció que se deben aplicar medidas de rehabilitación entre las cuales destaca que el Estado deberá brindar gratuitamente tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico a las 27 víctimas lesionadas.
El tratamiento psicológico o psiquiátrico también debe ir dirigido a los familiares de las víctimas fallecidas.
Sobre las medidas de satisfacción, el Estado deberá publicar el resumen oficial de la sentencia en el diario oficial y en un diario de amplia circulación nacional.
Asimismo, debe ser publicada la integridad de la sentencia en la página web oficial del Ministerio Público.
También deberán realizar un acto de reconocimiento de responsabilidad internacional en relación con los hechos del caso.
“El Estado deberá reformar su legislación para delimitar las causales para autorizar que autoridades militares ingresen a centros penitenciarios, con la previsión de la excepcionalidad de su actuación y garantizando la adecuada regulación, así como la subordinación y fiscalización, respecto de las autoridades civiles”, añadieron.
El OVP destacó que el Estado no ha respondido a ninguno de los mandatos de la Corte.
Panorama actual
El Observatorio Venezolano de Prisiones informó que la cárcel de Vista Hermosa cuenta con más de tres mil privados de libertad en el penal que continúa bajo la figura del pranato. La custodia externa del establecimiento sigue en manos de funcionarios de la Guardia Nacional.
Ten la información al instante en tu celular. Únete al grupo de Diario Primicia en WhatsApp a través del siguiente link:https://chat.whatsapp.
También estamos en Telegram como @DiarioPrimicia, únete aquí:https://t.me/