Bolívar es uno de los estados con más grupos armados
La ONG SOS Orinoco publicó un informe en el que documenta la presencia, expansión y funcionamiento de Grupos Armados Organizados (GAO) en el sur de Venezuela entre 2022 y 2026.
La investigación, basada en una revisión sistemática de fuentes abiertas, georreferenciación de eventos y análisis territorial, identificó la presencia de al menos 26 grupos armados en 20 de los 21 municipios analizados de los estados Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro y la Guayana Esequiba.
Estos 26 grupos armados identificados (en orden alfabético):
Autodefensas Gaitanistas De Colombia (Agc)
Banda de Nacupay
Banda del Toto Y Zacarías
Banda El Perú
Banda Los Pescadores
Colectivos Urbanos
Comités Indígenas
El Sapito Y El Parcero – El Sistema
ELN
FARC (Incluye las denominadas FARC, Disidencias FARC y/o Frente Acacio Medina de las ex-FARC)
Garimpeiros
Los Pisa Suave del Frente 33
Organización 3-R
Piratas de Río
Primeiro Comando Da Capital O Pcc (Primer Comando De La Capital)
Puntilleros Libertadores Del Vichada (Plv)
Sindicato De Barrancas
Sindicato De El Viejo Darwin
Sindicato De Fabio
Sindicato De Juancho Y Humbertico
Sindicato El Ciego
Sindicato El Dorado (Caroní)
Sistema EL Vapor
Sistema San José
Tren de Aragua
Tren De Guayana.
Según el informe, estos hallazgos evidencian “una amplia penetración de estructuras criminales enprácticamente toda la región al sur del río Orinoco”.
Estado Bolívar
También señala que el estado Bolívar concentra la mayor actividad criminal del país en esta zona, al reunir la mayor cantidad de grupos armados y de incidentes reportados, y sostiene que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las distintas estructuras asociadas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) poseen la mayor capacidad de expansión y control territorial, mientras que organizaciones locales como la Organización 3R, el Tren de Guayana y diversos “sindicatos mineros” mantienen el dominio sobre enclaves estratégicos dedicados a la extracción de oro.
La investigación agrega que estas organizaciones actúan como “estructuras de gobernanza de facto”, regulando la actividad económica y social mediante mecanismos como la extorsión, el control de corredores fluviales y fronterizos, la administración informal de justicia, la regulación de la minería y, en algunos casos, la prestación de servicios básicos en comunidades con escasa presencia estatal.
La ONG plantea que la expansión de estos grupos “no puede explicarse únicamente por la ausencia del Estado”, sino por la existencia de un modelo de “gobernanza criminal híbrida”, caracterizado por distintos niveles de tolerancia, coexistencia, facilitación y presunta colaboración entre actores estatales y organizaciones armadas.
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