Sucesos

Beria apoya investigación penal por muerte de Wilmer Gil

El abogado denunció un conjunto de irregularidades en torno al caso.
sábado, 26 noviembre 2022
Archivo | Pidió que se indague sobre el funcionamiento de los centros de salud en Bolívar

Ante la muerte de Wilmer Gil, el abogado penalista José Gregorio Beria resaltó la necesidad de continuar con la investigación para los actores del caso.

Beria expresó a PRIMICIA que familiares y personas que estaban acompañando a Gil, se han convertido en testigos presenciales y han puesto en evidencia un conjunto de irregularidades desde que llegó al centro de emergencia de salud, hasta su deceso declarado en la madrugada del 24 de noviembre.

“Pudiéramos estar en presencia de delitos que están previstos en la legislación penal venezolana. Se trata del derecho a la salud, es un derecho que según la Constitución es inviolable, hasta para los prestadores de servicio de salud privados”, indicó.

El jurista acotó que en las clínicas privadas deben garantizar la atención médica primaria sin que medie ninguna condición mercantil.

Denunció que dicho factor “se ha hecho una costumbre” y es un uso violatorio del derecho a la vida y a la salud que está ocurriendo en los centros privados en Guayana.

Beria apuntó que hubo presunta irresponsabilidad en la administración de la clínica, la empresa aseguradora y negligencia del personal médico.

“Hay que sentar precedentes en el estado Bolívar, es pertinente que el Ministerio Público designe a un fiscal con competencia nacional para que investigue la muerte del doctor Wilmer Gil”, declaró.

Sobre Gil, resaltó su reconocimiento como docente universitario y su amplia trayectoria en la ciudad, cuya salud pudo haber sido atendida y su vida salvada si no se hubiesen presentado dichas anormalidades.

El abogado solicitó que se investigue la forma de proceder en los centros de salud del estado Bolívar, revisar la permisología, funcionamiento, tarifas y el cumplimiento a la Constitución de la República.

“Esta serie de irregularidades hay que frenarlas de algún modo, allí hay consecuencias jurídicas, de responsabilidad civil, penal y administrativas”, cerró.

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