Advierten sobre riesgo de grabar procedimientos
El pasado 8 de septiembre los ministerios de Defensa, Interior, Justicia y Paz publicaron una resolución que permite a los ciudadanos grabar a los funcionarios en las alcabalas, para regular sus actuaciones a través de este nuevo mecanismo de supervisión.
Dicha resolución señala -en el artículo 20- que los ciudadanos podrán grabar audio y videos de la autoridad militar en los puntos de control, y que no podrán ser obligados a abstenerse de filmar o a borrar el material.
También se prohíbe que las personas sean despojadas de sus teléfonos celulares.
La resolución conjunta 109 -publicada en la Gaceta Oficial número 42.458- deja en evidencia la vulnerabilidad de los derechos a la libertad de expresión y a la privacidad, los cuales se encuentran en la Constitución Nacional, pero que habían sido ignorados.
El abogado Miguel Vincenti ofreció sus declaraciones y opiniones a PRIMICIA sobre la nueva medida, desde su experiencia en el derecho y en el ejercicio de dicha profesión.
– ¿Considera que a los ciudadanos se les están garantizando sus derechos a la libertad de expresión con esta medida?
En lo particular considero que no fue diseñada para garantizar tal derecho a la libertad de expresión, pues documentar en video un procedimiento policial no es algo que tenga que ver con la opinión de quién lo hace sobre tal inspección.
Más bien observo con preocupación, que la resolución ministerial viene como respuesta al problema de orden policial y militar, ya que la proliferación de alcabalas y puntos de control con los hechos de corrupción que esto propicia, se le ha salido de las manos el ejecutivo y buscan en esta autorización al ciudadano una forma de encauzar ese orden perdido. Pero quizás está medida pueda volverse contra los ciudadanos y comprometer más su integridad al momento de documentar los procedimientos, debido a que seguramente se producirá un fuerte rechazo a este método por parte de los funcionarios policiales.
– ¿Qué debe hacer un ciudadano para reportar irregularidades en las gestiones de los cuerpos de seguridad?
El gran problema a solucionar es la pérdida de confianza ciudadana en las instituciones y más aún, en aquellas que pertenecen al sistema de justicia.
Mientras en otras latitudes se obliga a los funcionarios policiales a documentar todo en video con cámaras corporales y vehiculares, en Venezuela se delega tal función al ciudadano de a pie, con los riesgos que ello pudiera generarle. Debe en consecuencia a esa pérdida de confianza en las instituciones, trabajar para establecer verdaderas políticas públicas de atención al ciudadano, fortaleciendo las instituciones para dar respuestas oportunas y efectivas al conglomerado.
– ¿Realmente se puede confiar en esta medida?
En lo particular considero que se ha delegado en el ciudadano una labor importantísima del Estado como lo es la supervisión constante de los órganos de seguridad ciudadana en la ejecución de buenas prácticas policiales.
Darle autorización a un ciudadano a grabar un procedimiento no será nunca suficiente para erradicar las malas prácticas ni para lograr el restablecimiento de la confianza en los ciudadanos, es por el contrario una herramienta de alto riesgo puesto que quienes han hecho de las malas prácticas un negocio, ni siquiera darán chance que se asome un celular para hacer un vídeo. Por tanto está resolución Ministerial, es a mi criterio, una peligrosa invitación a qué se profundicen las arbitrariedades o a qué se perfeccionen para no dejar evidencias de ellas.
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