Abogados a la expectativa por reforma a paquete de leyes del sistema de justicia

Luego de la aprobación que hiciera la Asamblea Nacional (AN) para la reforma de, al menos, ocho leyes del sistema judicial, el asesor de la Comisión Presidencial para la Revolución Judicial, José Gregorio Beria, y el vicepresidente del Colegio de Abogados del estado Bolívar, Jorge Otaiza, explicaron lo que significa y qué beneficios trae consigo este cambio.

Tanto Beria como Otaiza coincidieron en que la reforma busca modificar el sentido o propósito de las normas constitucionales actuales, más no eliminarlas.

Y con ello, garantizar que se cumplan y respeten los Derechos Humanos, así como las garantías procesales.

Humanización y respeto a las garantías

El abogado José Gregorio Beria acotó que la reforma viene a “ordenar en buena medida las situaciones irregulares en el ámbito procesal penal”.

Recalcó que este tipo de acciones es de relevancia en el marco jurídico y defensa de DDHH, además representa una humanización y respeto a las garantías constitucionales de la población en general.

Resaltó que actualmente “no hay ejercicio del control constitucional y judicial”, por lo que está nueva formación constitucionalista del nuevo sujeto judicial “basada en la realidad del país” es necesario.

“Debe haber una transformación de los métodos, formas y contenidos de proceso judicial, ya que hasta ahora sólo se ha generado una aberración. No es posible que un civil sea procesado o enjuiciado por un tribunal militar”, sentenció Beria.

Otros de los puntos que destacó, y que están siendo replanteado, es lo referente a la reducción del lapso de investigación, nulidad de la violacion a los DDHH, así como la regulación de los efectos suspensivos que están facultados por el Ministerio Público.

“Y en el caso por ejemplo de los procesados las normas relativas al tiempo de reclusión en espera de juicio. Era una aberración jurídica contrario al orden jurídico que una persona se encuentre con 3, 4, 5 y 6 años preso sin juicio, cuando la norma estipula que no debe exceder los dos años”, señaló.

Hizo énfasis que “durante el plan de descongestionamiento la comisión presidencial detectó un caso de un privado de libertad con seis años y cuatro meses sin audiencia preliminar en La Pica. El delito era hurto calificado”

“Debe venir también nuevos elementos a nivel policial-militar, se debe comprender el respeto y la importancia de la garantía constitucional. Dejar atrás el derecho y acción arbitraria junto con fiscales. Hay jueces que no controlan”, cerró.

“Antes de modificar debieron hacer valer las actuales”

Por su parte, el vicepresidente del Colegio de Abogados en Bolívar, aunque expresó estar de acuerdo con las leyes que están surgiendo, recalcó que “antes de modificar debieron hacer valer las que están vigentes”.

Al mismo tiempo, explicó que estas acciones se realizan por el irrespeto a las normas de control, y por ello se busca retomar el orden legal.

“No nos opondríamos a las leyes que hagan respetar el derecho a la defensa, DDHH, al debido proceso, pero deben ser aplicadas a todas las instancias y no solo a una parte, hay que hacerlas valer”, expuso.

Reiteró que de hacer valer las leyes y las normas procesales contenidas en el Código Orgánico Procesal Penal actuales “no era necesario llegar a esta situación”.

“Se olvidó la figura del juez escabino, de los juicios con jurados, y eso llevó a la desaplicacion de las normas”, añadió.

Aseguró que en la aplicación de la reforma es que “sabrán si la modificación fue para bien o para mal”.

Señaló que las leyes modificadas aún no están vigentes y no se han publicado. Sin embargo, en su momento será analizada por el gremio.

Recordó que, como consecuencia del irrespeto a las normas, las cifras negras -refiriéndose a los casos no denunciados o manipulados- se han incrementado, haciendo énfasis en que los delitos no han disminuido, sino que “en los cuerpos policiales existen filtros que operan y las causas no llegan a tribunales”.

Para finalizar dijo que “esperemos que sea un instrumento para la crítica, que permita mejorar las leyes en pro del debido proceso y defensa constitucional”.

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